La trama del inspector de Hacienda de Vigo podría acabar ante un jurado popular

Una causa judicial abierta en 2016 y en la actualidad en una fase ya avanzada que sin embargo está en "stand by" a la espera de que se resuelva sobre una cuestión clave que ha surgido con la instrucción ya finalizada. La Fiscalía ha presentado un recurso en el que pide que la presunta trama corrupta que se atribuye al inspector de Hacienda en Vigo Asdrúbal C.G. sea juzgada por un jurado popular. A la espera de lo que decida el juez, las defensas ya han formulado alegaciones oponiéndose a esta solicitud.

Tras una larga y compleja investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela dictaba en julio el auto en el que ordenaba continuar la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado e imputaba al inspector de Hacienda y a seis personas más al concluir que los hechos cometidos en el marco de esta supuesta red de extorsión a empresarios gallegos podrían ser constitutivos de hasta cinco delitos. El siguiente paso debería haber sido el de la presentación de los escritos de acusación y de defensa de cara al juicio, pero se ha interrumpido por la petición de la Fiscalía de que la causa se adecue al procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado.

La solicitud del Ministerio Público se formalizó en septiembre en un recurso contra ese auto de julio. Se trata de un recurso de reforma que debe resolver el juez instructor pero que subsidiariamente, en caso de que no atienda su petición, la Fiscalía plantea también como de apelación ante la sala desplazada en Santiago de la Audiencia Provincial de A Coruña. Lo hace porque la mayoría de delitos que se atribuyen son competencia del jurado popular. Es el caso de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Hay otros dos que no lo son directamente, organización criminal y blanqueo de capitales, pero la competencia se extendería a estos también al considerarse que son delitos conexos.

El juzgado aún no ha decidido sobre esta cuestión fundamental de cara al inmediato devenir del caso. Las defensas de los imputados, o al menos varias de ellas, han presentado alegaciones rechazando que la causa acabe ante un tribunal ciudadano y solicitando que la tramitación se mantenga como hasta ahora para que el juicio se celebre con magistrados profesionales. Todo apunta a que, decida lo que decida el instructor, sobre esta cuestión tendrá que acabar decidiendo la sección compostelana de la Audiencia coruñesa.

Los hechos

El auto judicial recurrido sitúa a Asdrúbal C.G. a la cabeza de un grupo criminal que contaba con “intermediarios” y que presuntamente extorsionaba a empresarios a los que la Agencia Tributaria les había abierto expedientes de inspección relacionados con el Impuesto sobre Sociedades o el IVA. A cambio presuntamente de una “suma económica”, les planteaban a las víctimas una resolución del expediente para que finalizase en la vía administrativa, eludiendo así la judicial. Uno de los casos que se cita de forma expresa en la resolución es el del Grupo Redcom, uno de los que resultó afectado por este entramado. El empresario “no accedió” a la extorsión, tuvo que ir a juicio al atribuírsele un presunto fraude tipo “carrusel” y la causa acabó en absolución penal. Pese a ello, Asdrúbal habría vuelto a abrir el expediente administrativo en perjuicio del grupo empresarial.

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