El alcalde pedáneo de Bembrive dimite tras ser inhabilitado 12 años por el caso de la sidra

“La condena es un escándalo, una barbaridad; yo solo quería ayudar a los vecinos...” Marcos Castro González, alcalde pedáneo de Bembrive, valora así la sentencia que le impone 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público por la adjudicación a dedo del suministro de la sidra para la fiesta que se celebra en esta parroquia cada primer fin de semana de octubre. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, lo condena como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa al considerar que en 2019 y 2020 adjudicó el contrato de compra a la empresa Sidra Angelón “de forma directa y sin cumplir el procedimiento legal”: lo hizo, se concluye, “con conocimiento y conciencia” de su ilegalidad.

Este caso se inició a raíz de una denuncia anónima. La sentencia aún no es firme y, de hecho, el condenado y su abogado Tomás Santodomingo avanzan que apelarán ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pero, en cumplimiento de la misma, Marcos Castro (PSOE) hará efectiva hoy su dimisión en un pleno extraordinario a las 12.00 en la entidad menor. Mañana viernes a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Helios, presidirá una asamblea informativa para “despedirse” de sus vecinos. “Es una injusticia, me siento decepcionado y triste, con todo lo que yo he trabajado para esta parroquia...”, afirmaba ayer el todavía alcalde pedáneo, que al menos se siente “reconfortado” por el hecho de que es una persona “muy querida” en Bembrive. “No me merezco esta sentencia, soy totalmente inocente”, insistió.

Castro sostuvo en el juicio que todo fue “legal” y que la entidad solo actuó de intermediaria entre los vecinos y la empresa a la que llevaban adquiriendo la sidra desde hacía dos décadas. La gente, defendió, solo quería “esa sidra”. Pero la Audiencia, en sintonía con la fiscal, lo condena: concluye que adjudicó la adquisición de la sidra “actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad”, sin cumplir el procedimiento legal para los contratos de suministro superiores a 15.000 euros. La compra de la bebida se elevó en 2019 –año en que el acusado tomó posesión de su cargo– a 120.000 euros y, en 2020, a 130.000.

Las alertas de la interventora

En una sentencia que dedica varias páginas a repasar la jurisprudencia existente en torno al delito que se aplica, los jueces tienen en cuenta uno de los testimonios claves del juicio, el de la interventora de la entidad menor, para sustentar su condena. Esta mujer declaró que había advertido al alcalde de que para la compra de la sidra a través de la entidad debían ir “a un procedimiento abierto de licitación pública” y que, posteriormente, puso 17 reparos suspensivos a las facturas, uno por exceder el importe de la contratación menor –15.000 euros– y los demás por el fraccionamiento del “objeto del contrato”.

Aunque el dinero lo ingresasen los vecinos interesados en la bebida, los jueces dicen que quién “contrató” la sidra, “trató” con la empresa y la “adjudicó” de forma “verbal” fue el acusado, lo que vulneró el principio de libre concurrencia y privó a otras empresas de optar al contrato. Y ello pese a las “reiteradas” advertencias “de ilegalidad” de la interventora: actuó “con conocimiento y conciencia de la ilegalidad” en la que incurría y con “una omisión reiterada, voluntaria y deliberada” de las normas administrativas de la contratación pública.

Se da la circunstancia que su antecesor en el cargo, Roberto Ballesteros, fue condenado tres veces por prevaricación y dimitió en 2018. El PP pidió ayer a Abel Caballero que sea “implacable contra la corrupción” tras esta nueva condena a un miembro del PSOE.

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