“La cosa va muy en serio; hay enfado, indignación, unanimidad y tenemos el apoyo de otros colectivos”. El conflicto ya viene de lejos y, de hecho, no es ni mucho menos la primera huelga que protagonizan, pero la convocada para ayer fue la de mayor seguimiento de las realizadas este año. Los protagonistas, los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), que ayer llevaron a cabo la primera de las cuatro jornadas de paro previstas para esta recta final de 2022. Sesenta del casi centenar de profesionales que ejercen en la provincia de Pontevedra se unieron a la huelga, que en Vigo se dejó notar de forma contundente en la actividad judicial. Además de suspenderse numerosos juicios penales, civiles y laborales, la protesta afectó además a otro tipo de diligencias que también quedaron aplazadas: desde desahucios y embargos hasta tomas de declaraciones y videoconferencias, pasando por otros trámites habituales como la realización de poderes o conciliaciones. El paro, que en toda España fue secundado por el 75% de los letrados judiciales, continúa hoy, está también fijado para los días 14 y 15 de diciembre y no se descarta que sea indefinido a partir de enero de 2023 si no se da respuesta a sus ya eternas reivindicaciones.
El pulso de los letrados judiciales con el Ministerio de Justicia no es nuevo, tiene un largo recorrido. Pero esta vez el “incumplimiento” por parte del Gobierno del acuerdo alcanzado en abril, que ya había estado precedido por numerosas jornadas de paro, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Una de las claves del éxito de la jornada de ayer es que esta vez se han unido las principales asociaciones mayoritarias: junto a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y a la asociación independiente (AINLAJ), entre los convocantes también está el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Retribuciones
En un contexto en el que, desde 2009, estos profesionales no han visto mejoradas sus retribuciones pese a haber asumido toda una serie de nuevas funciones y responsabilidades, las principales demandas que los han llevado de nuevo a la huelga se resumen en varios puntos. “Había un acuerdo, pero todos ellos han sido incumplidos totalmente”, resume Juan José Yáñez, letrado judicial vigués que es miembro de la directiva nacional de la UPSJ y forma parte del comité de huelga. La reforma de los grupos poblacionales en los que están clasificados, con el objeto de reducirlos a tres, es una de las reivindicaciones. “Los del 5º grupo son los que están más discriminados a efectos salariales”, afirma en referencia a los compañeros que ejercen en los denominados juzgados de pueblos, como pueden ser, en el área de Vigo, los de Redondela, Porriño, Cangas o Ponteareas.
El “segundo gran compromiso” incumplido, denuncia Yáñez, es el de la cláusula de enganche de sus retribuciones a las de los jueces, una subida que aún no se materializó. Y otra cuestión que ha llevado a movilizarlos, aunque hay más, es que tampoco se ha aprobado el nuevo estatuto orgánico.
Lo cierto es que la huelga de ayer tuvo impacto. La Audiencia suspendió los juicios señalados, uno de tráfico de drogas y otro de falso testimonio que se pospuso al 12 de enero. El de hoy sí se celebrará porque es causa con preso y entra en los servicios mínimos, al igual que toda la actividad del juzgado de guardia. La suspensión de vistas y de otras diligencias se extendió al Juzgado Penal 1 y a numerosas salas civiles y laborales, tanto en los edificios de la calle Lalín –donde se concentraron los letrados judiciales para evidenciar su protesta– como en los que ya están en la Ciudad de la Justicia de Pizarro.
Perjuicios
Las asociaciones convocantes afirman que, tras meses de diálogo, el incumplimiento del ministerio no les deja otra opción que ir a la huelga. “Lamentamos los perjuicios que se causan a la ciudadanía y al resto de operadores jurídicos”, dicen. De igual forma se manifestó ayer un magistrado en una de las vistas celebradas para suspender juicios.
