El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha aprobado el plan de liquidación presentado en el marco del procedimiento que llevó a la declaración de concurso necesario de Naerama Group S.L., propietaria de parte de los terrenos de Cabral y Coruxo que en su día pertenecieron al Grupo de Empresas Álvarez (GEA). Este fue uno de los frentes judiciales abiertos por el grupo de casi 200 extrabajadores que batalló durante dos décadas para cobrar lo que se les debía por la cesión, en 2002, de esos solares. Lo cierto es que, tras esta eterna lucha, los litigantes ya consiguieron el abono de la millonaria cuantía a través de otro de los pleitos que tenían abiertos. Pero el concurso de acreedores sigue su curso.
Tras el auto judicial previo dictado por la magistrada titular, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil anunció, por medio de un edicto con fecha de este pasado 3 de noviembre, la aprobación del plan de liquidación de este concurso en los términos en los que fue presentado por la administración concursal y, se concreta, “al cual deberán atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa”. En el mismo documento judicial se acuerda también la sección de calificación de dicho procedimiento concursal. La jueza dio el visto bueno al plan de liquidación, rechazando las alegaciones que se habían hecho al mismo.
La empresa liquidada, Naerama Group, es dueña del 22,07% de las fincas de Cabral y Coruxo donde antaño se ubicaron las fábricas de Álvarez. Fue en junio de este 2022 cuando el administrador concursal presentó en el juzgado el plan de liquidación de la ya extinta empresa –el que se acaba de aprobar–, cuyos bienes solo eran precisamente los terrenos cedidos por los extrabajadores de GEA. La administración concursal, ejercida por el profesional Aquilino Pérez Puga, propone la venta directa de estos solares, valorados en cuatro millones de euros: el 22,07% de la finca de Cabral por 1,8 millones y el mismo porcentaje de la de Coruxo por 2,1 millones. En caso de que no hubiese ofertas, la segunda vía sería de la realizar una subasta pública. Si esta también resultara desierta, el administrador solicitaría la división de cosa común, cesando la copropiedad de los terrenos –cuyo 77,93% restante pertenece a otra firma–, para que puedan ser vendidos de forma independiente.
Otros acreedores
Aunque los extrabajadores que impulsaron este concurso representados por el abogado Tomás Santodomingo ya no figuran como acreedores, en el procedimiento hay otros con dicha condición. Junto a los créditos contra la masa, como crédito ordinario figura Residencial El Rocío S.L. y entre los subordinados está ahora Construcciones José Castro S.L., que en su día actuó como avalista en la operación de compra de los terrenos de GEA por parte de Naerama y que ha sido la empresa que precisamente ha abonado la deuda a los extrabajadores, ya que varios de los litigios iban dirigidos contra esta constructora.
Tras el cierre de GEA, los exempleados se dividieron en tres grupos y se hicieron con los terrenos del grupo empresarial en subasta judicial. Los casi 200 que acaban de ganar la batalla judicial fueron los que en su día pertenecieron al grupo que se bautizó como GOC.
La eterna lucha que obtuvo sus frutos dos décadas después
Dos sentencias dieron la razón a los casi 200 extrabajadores de GEA que pertenecieron al GOC. La primera llegó en febrero de 2015, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo falló a favor de gran parte de ellos. En enero de 2019 otro tribunal, el de Primera Instancia número 7, estimaba la demanda del resto de antiguos empleados de este grupo. Ambas sentencias, que acabaron siendo declaradas firmes tras ser elevadas primero a la Audiencia Provincial de Pontevedra y después al Tribunal Supremo, condenaban a Naerama Group S.L. y a Construcciones José Castro S.L. –esta última empresa figuraba en el contrato en calidad de avalista– al abono de las cuantías adeudadas, rechazando de plano su pretensión de eludir los pagos y zanjar el conflicto devolviendo los terrenos a los afectados. Las ejecuciones de ambos litigios acaban de ser archivadas tras el pago realizado este verano por Construcciones José Castro, que se vio contra las cuerdas ante el anuncio de subasta de un millonario gimnasio. La empresa fue condenada también a pagar las costas, entre ellas las minutas de los abogados de los extrabajadores.
