Roberto C.P., un vecino de la calle San Telmo de Chapela (Redondela), ubicada en la bajada a la playa de Arealonga, fue asesinado el 27 de enero de 2021. Dedicado al trapicheo de drogas, uno de sus clientes, Manuel M., "Matanzas", residente en la misma parroquia, fue aquella noche a su casa a comprarle cocaína. Se lo anunció antes por teléfono, así que la víctima, confiada, le preparó la papelina y, “como era su costumbre”, le dejó la puerta abierta. Cuando Manuel llegó y entró sin llamar, él estaba cenando. Y se negó, “de nuevo”, a fiarle la dosis de droga. Y eso fue lo que, según la Fiscalía, desencadenó un crimen que tardó un mes y medio en ser resuelto policialmente y que ahora, tras completarse la instrucción judicial, ya está más próximo al juicio con jurado popular que acogerá la Audiencia de Vigo. El acusado, de 44 años de edad y en prisión provisional desde su arresto, se enfrenta a 18 años de cárcel como presunto autor de un delito de asesinato.
El cadáver no se halló hasta el 30 de enero, pero los hechos, relata el fiscal en su escrito de acusación provisional, sucedieron tres días antes, la noche del 27. Roberto, de 51 años, estaba soltero, no tenía hijos y vivía solo en esa vivienda de Chapela. A las 22.17 horas recibió la llamada de Manuel. Como ya había hecho más veces, éste le comunicó que se iba a acercar a su casa para que le suministrase cocaína. Efectivamente, llegó poco después. Y todo apunta a que ya tenía planeado lo que iba a ocurrir a continuación: no llevaba dinero, concreta la acusación pública, y lo que sí traía consigo era cinta adhesiva de embalar –con la inscripción “vino tinto”– y unos guantes de látex.
Cenando tranquilamente
Cuando el hoy acusado accedió a la vivienda, la víctima estaba cenando tranquilamente en el salón. Y, afirma la Fiscalía, “se negó de nuevo a fiarle la dosis”. Fue esto lo que, apunta, precipitó todo. El presunto asesino fue primero al baño de la casa y se puso los guantes que traía consigo. Y “acto seguido” atacó supuestamente “por la espalda” al hombre cuando éste seguía sentado cenando y con la boca llena. “Le pasó el brazo por el cuello, comprimiéndole al tiempo que le tapaba la nariz y la boca con fuerza, ocasionándole la muerte de forma inmediata por asfixia”, describe el Ministerio Público en su calificación.
Ese ataque por la espalda y en las circunstancias en que estaba Roberto –que además sufría “evidentes problemas respiratorios” por una traqueotomía derivada de un accidente de circulación que le había dejado una notoria dificultad en el habla– “anuló cualquier posibilidad de reacción o defensa” por parte de la víctima. Tras asfixiarlo, el autor amordazó el cadáver con la cinta aislante y lo ató de pies y manos. Le puso un chaleco sobre el rostro y huyó, llevándose, “para evitar ser descubierto”, el teléfono móvil y las llaves de la vivienda, con las que cerró la puerta al salir.
Una atenuante de confesión
La Fiscalía le atribuye un delito de asesinato, si bien tiene en cuenta a su favor una circunstancia atenuante de confesión porque “reconoció parcialmente los hechos” y “ayudó a recuperar” los efectos que se había llevado de la casa de la víctima. Junto a la pena de cárcel, pide que indemnice a los cuatro hermanos del fallecido con cantidades que suman 66.000 euros.
El crimen fue en enero y Manuel fue arrestado en marzo. La Policía Nacional, tras el arresto, afirmó que el presunto homicida se sentía “engañado” por la víctima al sospechar que le vendía cocaína adulterada.
El teléfono y las llaves del fallecido, bajo tierra y con bloques de cemento encima
Tras la detención de Manuel M., la misma mañana en la que comparecía ante la jueza de Redondela que lo acabó enviando a prisión, la Policía Nacional ofrecía una rueda de prensa en Vigo en la que desgranó los detalles de las pesquisas en torno al crimen. Con casi todos los interrogantes despejados en relación con lo ocurrido, al tiempo de esa comparecencia aún se ignoraba, sin embargo, el paradero del teléfono móvil y de las llaves de la vivienda de Roberto, elementos claves que los agentes seguían buscando con la sospecha de que el agresor los habría arrojado al río tras el homicidio. Finalmente, fue el propio acusado el que, concreta la Fiscalía, “ayudó” a los policías a “recuperar” ese terminal y esas llaves. Tras el crimen, se había llevado dichos efectos de la casa de la víctima y los enterró en una “zona rural”, tapándolos con unos pesados bloques de cemento. Allí fueron hallados.
Otra cuestión que cita el Ministerio Público es que el procesado está diagnosticado de un trastorno de personalidad clúster B con déficit en el control de impulsos, al que se une otro por el consumo de alcohol y cocaína. Pero no quedó acreditado que en el momento de los hechos supusieran una merma de sus facultades volitivas e intelectivas.
