La Audiencia mantiene en prisión a los investigados por las “narcolanchas”

Una de las operaciones contra el tráfico de drogas más significativas en la provincia en los últimos meses no tuvo precisamente al estupefaciente como protagonista. En el punto de mira de los agentes estaba el entramado y maquinaria que permite los transportes marítimos de la mercancía a tierra: las narcolanchas.

Operación Endurance

El pasado mes de julio en la provincia fueron detenidas una veintena de personas en la provincia vinculadas con la Operación Endurance, dirigida por el Juzgado de Instrucción 8 de Vigo y que llevó al desmantelamiento de una red que se dedicaba a la fabricación, puesta a punto, almacenaje y uso de estas planeadoras –de hasta 12 metros de eslora y motores de 400 caballos– para la introducción de grandes cantidades de droga, principalmente hachís, en aguas del Estrecho de Gibraltar.

Colaboración lusa

Una de estas embarcaciones se vincula a un alijo de 1.000 kilos de este estupefaciente incautado en junio en la playa de El Vigía, en Huelva. Las investigaciones se desarrollaron en España y también Portugal con arrestos y registros. El EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra y la Policía Judiciaria lusa desarrollaron la operación.

Tras el paso de quince de los detenidos a disposición judicial en Vigo detenidos –entre ellos responsables y empleados de empresas de Vigo y Porriño– , el juez decretó primero el ingreso en prisión de tres de ellos y posteriormente de otros cinco.

Recursos

Meses después y tras la práctica de varias diligencias, la defensas de los investigados solicitaron su puesta en libertad provisional, decisión que fue rechazada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tal y como ha podido saber este periódico. Los magistrados argumentan esta decisión al atribuirle a los detenidos un delito de organización criminal, por lo que ratifica la medida privativa de libertad decretada por el magistrado instructor, así como encontrarse en un momento inicial de la causa. Los abogados ya plantearon un nuevo recurso para solicitar la libertad argumentando, en al menos dos casos, el arraigo de los investigados.

Otro de los planteamientos propuestos por las defensas versa sobre la competencia del juzgado vigués para investigar la causa. Y es que sostienen que, al haber cometido el supuesto hecho delictivo en dos territorios, España y Portugal, el caso debería ser derivado a la Audiencia Nacional para su instrucción y posterior juicio. Todavía no hay pronunciamiento al respecto.

Investigación

La investigación arrancó en febrero de 2021 en Vigo, cuando se supo que en una nave del polígono de Cotogrande, en Puxeiros, se fabricaban lanchas empleadas para el narcotráfico.

Eso permitió descubrir el entramado: la construcción de las embarcaciones se radicaba en el sur de Galicia –se registraron fábricas de Vigo y Porriño– y en el norte de Portugal e intervenían empresas de transporte que las trasladaban a “naves seguras” en Toledo y Sevilla, donde acababan de “pertrecharlas” antes de su botadura al mar en distintos puntos de España, preferentemente en aguas de Andalucía.

Planeadoras

De las 47 embarcaciones intervenidas entre España y Portugal, una decena de ellas ya estaban preparadas para salir al mar. El operativo se desarrolló en Vigo y área, Ourense, Barcelona, Tarragona, Toledo, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Almería.

También en Portugal, con registros de naves en Ponte de Lima, Valença, Paredes de Coura o Monçao, así como de Lisboa o el Algarve

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