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El juez exime al Concello de pagar 2,4 millones a Dornier por el primer contrato de la zona azul

El pleito tiene su origen en la anulación judicial de dicha adjudicación de 2007 | La empresa exigía esta cuantía millonaria en concepto de liquidación, pero el juzgado valida los 172.500 euros calculados por el gobierno local

Un usuario de la zona azul, en unparquímetro de una céntrica calle viguesa. // MARTA G. BREA

La anulación de la primera adjudicación que se hizo en 2007 a Dornier del contrato de la conocida como zona azul ha tenido un eterno recorrido en la vía judicial. Y buena prueba de ello es la sentencia que acaba de dictar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, una resolución en la que se exime al Concello de pagar los 2,4 millones de euros que exigía esta empresa en concepto de liquidación por la invalidación de aquella concesión. El magistrado desestima la demanda interpuesta por la empresa y declara “conforme al ordenamiento jurídico” el cálculo realizado por el gobierno local, que arroja un saldo favorable a la concesionaria que se limita a poco más de 172.000 euros.

El litigio tiene su origen en la adjudicación que el 23 de mayo de 2007, cuando al frente del gobierno local estaba el PP, se realizó a Dornier de la gestión del servicio público de estacionamiento regulado mediante expendedores de tiques en la vía pública (XER). Pues bien dicho contrato fue anulado en 2011 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), “por considerar no idónea la oferta de la empresa adjudicataria”, lo que derivaría, una vez agotados los recursos judiciales, a que en 2014 el Concello acordase una nueva convocatoria para la licitación, aunque, mientras no se resolviese, la prestación del servicio seguiría a cargo de dicha empresa. Lo cierto es que en 2017 se adjudicó ese segundo contrato de nuevo a Dornier por un período de diez años que empezaron a contar en junio de 2018 y que, por tanto, es el que está vigente a día de hoy.

La sentencia que se acaba de dictar –tiene fecha del miércoles 28 de septiembre– versa sobre la liquidación del primer contrato –el de 2007 anulado cuatro años después–, una cuestión económica cuya tramitación arrancó hace ya una década. Dornier llegó a interponer dos recursos, uno por facturas impagadas que ascendía a 1,4 millones que fue rechazado por otro juez y otro que es sobre el que dictamina ahora este magistrado.

Posturas

Concretamente, la demanda de la concesionaria se dirigió contra la resolución de la Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo, de fecha de 10 de mayo de 2021, que determinó, por mandato judicial previo, la liquidación del contrato de concesión de 2007. ¿Y cuáles son las posturas de ambos litigantes? Pues bien, según consta en la sentencia, la liquidación efectuada por el Ayuntamiento arrojó un saldo favorable a Dornier de 172.511 euros por “estudios y trabajos técnicos desenvueltos en la ejecución del contrato desde 2007 hasta 2011”. En dicho acuerdo, que incluyó también la devolución de la garantía definitiva constituida en su día mediante aval, el Concello indica que “los expendedores de tiques, señalización, equipos informáticos, aplicaciones de gestión y vehículo adscrito a la prestación del servicio” fueron amortizados y retirados por la adjudicataria, “por lo que no procede su restitución”, como tampoco la devolución del canon “porque nunca fue abonado”. Y rechaza además la procedencia de indemnización por lucro cesante, daños y perjuicios o intereses de demora. Frente a ello, la empresa cifró la cantidad adeudada en 2.421.170 euros, “resultado de sumar las partidas relativas a costes de explotación, inversiones realizadas (y costes financieros de éstas) y de minorar los ingresos percibidos por la prestación del servicio”.

Pues bien, en su sentencia el magistrado da la razón al Concello. Tras analizar la normativa y jurisprudencia del Supremo relativa a la nulidad de un contrato, concluye “que se ha de mostrar conformidad con el razonamiento expresado en la resolución municipal acerca de que lo pretendido por la empresa comporta desconocer los efectos jurídicos que la declaración de nulidad contractual desencadena”. “No es factible atender a una operación matemática basada en ingresos y gastos durante el período de prestación del servicio, que sí sería propio de un contrato válidamente celebrado; lo procedente es la devolución de las prestaciones, incluyendo las amortizaciones pendientes, que es lo que se reconoce en sede administrativa”, razona.

Ningún otro "concepto o partida"

El juez indica que la restitución "in natura" en este caso se refiere a los bienes y equipos –incluidos los informáticos– empleados en la ejecución del contrato, “que se hallan totalmente amortizados a lo largo de los 11 años de servicio” y que además ya fueron “retirados” por la concesionaria. La restitución por sustitución o equivalencia, agrega, comprende los estudios y trabajos técnicos ejecutados entre 2007 y 2011, y eso se corresponde con la cuantía de algo más de 172.000 euros reconocida por el Concello. “Ningún concepto o partida más procede añadir, cuando no consta la concurrencia de los elementos configuradores de responsabilidad patrimonial de la Administración”, se concluye en la sentencia que desestima la demanda de Dornier.

En la resolución, en todo caso, no se le imponen las costas a dicha empresa “atendiendo a las serias dudas de hecho y de derecho que justificaban” la demanda. El fallo aún no es firme, ya que cabe recurrir en apelación ante el TSXG.

El caso

Un contrato anulado en 2011 por el TSXG

El contrato de 2007 adjudicado a Dornier fue anulado en 2011 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Una sentencia que ordenó la liquidación

La liquidación realizada fue ordenada por el juez, que en enero de 2020 condenó al gobierno local a tramitar dicho expediente.

Un nuevo fallo que aún se podría recurrir

La sentencia que acaba de validar la liquidación realizada por el Concello todavía no es firme ya que cabe recurrir en apelación ante el TSXG.

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