A mediados del pasado mes de septiembre, fue okupada una casa en el barrio de Teis. Los nuevos inquilinos llegaron por la noche, cambiaron la cerradura y se instalaron en esta vivienda de una anciana recientemente fallecida que aún tenía allí todas sus pertenencias.

Sus hijos, herederos del inmueble, fueron avisados del hecho por los vecinos, que en un primer momento pensaron que los propietarios habían vendido la casa. Pero no era así.

Cuando denunciaron el presunto allanamiento de morada en comisaría, los agentes de la Policía Nacional se personaron en la vivienda, pero solo pudieron identificar a las personas que habían okupado la casa.

Aclaración de la Policía

Este jueves, la comisaría de Vigo ha enviado una aclaración a los medios de comunicación, en la que matiza que "hubo una intervención policial hace unos días en la que se comprobó que la vivienda, que no es domicilio, estaba ocupada, pero no se pudo demostrar desde cuándo, de ahí que el acceso a la vivienda no fuera posible, y tampoco las detenciones".

En una segunda aproximación a la casa por parte de la Policía, una patrulla se personó ayer miércoles, "a raíz de una llamada de los propietarios a sala del 091 que nada que ver con el allanamiento, ni con la ocupación de la vivienda, sino por unos daños en el cuadro eléctrico", aclara el comunicado policial.

A ese momento pertenecen las imágenes de vídeo que acompañan a esta información. Cuando llegan los agentes, "las personas que están en el interior les permiten la entrada, comprueban los hechos y se informa de lo sucedido a los denunciantes", que esperaban fuera de la casa, acompañados de algunos vecinos.

"Nos quedamos de piedra", aseguraba uno de los hijos de la difunta y dueño de la casa, al comprobar que no se podía hacer nada para echarlos de la casa. "Al no haberlos pillado con las manos en la masa, es imposible".

Enmienda al proyecto de ley

Ahora, el grupo parlamentario socialista en el Congreso ha presentado una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que prevé que los jueces puedan acordar “en un máximo de 48 horas” el desalojo de viviendas ocupadas. A esta familia de Vigo, no obstante, solo le queda acudir a los tribunales, es decir, gastos de tiempo y dinero -los judiciales y los de las facturas de la casa- , y mientras pasar el desasosiego y la incertidumbre por saber cómo dejaran estos okupas el hogar de su madre.