La segunda oportunidad que ha tenido la investigación del crimen del empresario vigués Manuel Salgado en su garaje de la calle Rosalía de Castro afronta su momento crucial. Y es que, practicadas ya todas las pesquisas dirigidas por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, su magistrado ha decidido levantar el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde su reapertura –noviembre de 2021– y, en vista de los conclusiones de las nuevas pruebas realizadas, todo apunta que en las próximas semanas el caso podría reactivarse con la comparecencia de varias personas, previsiblemente en calidad de investigadas, si el juez ve indicios para dar este paso clave.
Buena parte de las diligencias practicas tras la reapertura del caso se centran en interrogatorios llevados a cabo por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid, bien de individuos que ya testificaron en su momento, bien nuevas comparecencias que permitieron arrojar algo de luz a unos hechos datados hace ya dieciocho años atrás. Este empresario vigués de 56 años falleció tras recibir un certero disparo en la cabeza cuando acababa de aparcar su vehículo para dirigirse a su trabajo como empleado de una asesoría poco después de las 8 de la mañana del 2 de abril de 2004.
Parte de estas testificales recogidas durante estos meses de investigación –entre las que destacan las de los dos hijos de la víctima– aportaron nuevos datos que podría dirigir la causa hacia uno o varios investigados, si bien no existe una prueba objetiva. A mayores también se realizaron por parte de los agente distintas averiguaciones sobre el arma y las balas y casquillos hallados.
Conclusiones
Las conclusiones a las que llegó el grupo de Homicidios de Madrid no distan de las pronunciadas entonces por los agentes: el asesino o cerebro del crimen se encontraría en su círculo próximo. Manuel Salgado estaba separado, había sufrido un intento previo de homicidio –según las evidencias recogidas del escenario del crimen– e incluso llegó a confesar a su entorno que se sentía amenazado: “Mi vida tiene fecha de caducidad”, dijo en su día a un familiar.
En cuanto al ejecutor del disparo, la tesis policial apunta a un sicario, al igual que las pesquisas llevadas a cabo en 2004. Pese a este letargo de años de archivo, a los pocos días del crimen fueron detenidos dos sospechosos, la exesposa del fallecido, y el que era su pareja por aquel entonces.
Ambos negaron su relación con el crimen e incluso presentaron coartadas firmes, lo que les valió su puesta en libertad aunque siguieron en calidad de investigados. Dos años después, en 2006, el caso fue archivado por la Audiencia de Vigo; y es que pese a los “indicios altamente sospechosos” –sustentados según consta en el sumario en la mala relación entre las partes, un sinfín de denuncias en un caso de escuchas ilegales, en un millonario patrimonio de que debía volver a manos del fallecido y en el “temor” que sentía la víctima a que atentaran contra su vida–, no había “ninguna prueba objetiva de cargo”, por lo que ambos investigados quedaron libres de todo cargo.
Los sobrinos y hermana de la víctima mantuvieron desde el principio la lucha para que el crimen se resolviese, impulsando también esta reapertura de la causa en 2021 personándose en el procedimiento como acusación particular. La decisión que tome el juez será fundamental de cara al devenir del procedimiento. Y es que con 18 años ya a sus espaldas, el límite de prescripción se cierra en 2026 (los 20 años se cuentan desde el sobreseimiento del caso por parte de la Audiencia al constar dos investigados en el momento del archivo), y para el que, por lo tanto, solo restan cuatro años.
