A día de hoy es el delito estrella. Da igual donde se pregunte. En la Policía Nacional, en la Guardia Civil o en cualquiera de los ocho juzgados de Instrucción existentes en Vigo. La respuesta a cuál es la actividad delictiva que más denuncias genera es en cada uno de estos lugares idéntica: la palma se la llevan en la actualidad las estafas que se cometen a través de internet. Y lo cierto es que los datos dan vértigo. Porque en un período de solo cuatro años el número de procedimientos judiciales abiertos por este tipo de fraudes se disparó la friolera de casi un 2.000%. Se pasó de las apenas 50 causas que se incoaban cada anualidad en el período justamente anterior a la pandemia del COVID a las casi 1.000 que se registraron a lo largo de 2021 en los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra. Es, de lejos, el tipo de "ciberdelito" que más ha crecido. Y el que se repite con más frecuencia: supone el 91% del total. Y, advierte la Fiscalía, los delincuentes que tratan de hacer el agosto a golpe de clic están cada vez más “profesionalizados”: porque de los timos “casi artesanales” que cometían individuos aislados a los que no era demasiado difícil dar caza se ha pasado a fraudes cada vez “más complejos”, técnicamente elaborados y muchas veces protagonizados por grupos criminales, que “dificultan” la investigación policial y judicial y, en definitiva, la identificación de los culpables.
La memoria de la Fiscalía General del Estado y la de la Fiscalía de Galicia hecha pública esta semana dedican uno de sus apartados a la criminalidad informática. En toda la provincia pontevedresa se incoaron en 2021 un total de 1.048 procedimientos judiciales de esta materia. Y 954 de ellos –es decir, nueve de cada diez– son "ciberestafas". Muy lejos, cuantitativamente hablando, quedan otras conductas. El segundo grupo con más peso, con 59 casos incoados, fueron los delitos contra la libertad sexual, como la pornografía infantil y el acoso a través de WhatsApp y/o redes sociales. Y más anecdóticas son ya otro tipo de causas, como las amenazas por internet –15– o los ataques "online" que atentan contra la intimidad de las personas –8–. Esto no quiere decir, se avisa, que no haya más casos de esta naturaleza. El problema es que, por razones de lo más diverso, desde vergüenza de las víctimas hasta la dificultad que tendrían para denunciar, no “afloran”. “La cifra oculta de criminalidad en ciertas actividades delictivas es hoy por hoy incalculable”, se apunta sobre esta problemática.
Los delitos en la red que afloran con más facilidad son las estafas "online". Estos fraudes literalmente se han disparado. De forma previa a la pandemia, en 2018 y 2019, la cifra de casos en Vigo y el resto de la provincia era, vista con los ojos de hoy, bastante modesta. Hubo 47 causas judiciales en ese primer ejercicio y 51 en el segundo. En el año del COVID, en 2020, ya hubo un primer y notable incremento, al incoarse 470 procedimientos. El auge del comercio "online" y de las gestiones que debían hacerse a través de un ordenador debido al confinamiento fue sin duda aprovechado por los delincuentes. Y ya en 2021 el alza de asuntos alcanzó niveles espectaculares: se registraron 954, casi rozando el millar. Y no solo hay un mayor número de fraudes. Además, cada vez son más sofisticados. La Fiscalía informa del “aumento significativo” de estas estafas “fruto de una planificación cuidadosa y muy elaboradas técnicamente” que producen efectos en “gran diversidad de lugares del territorio nacional” y en muchas ocasiones “más allá de las fronteras nacionales”. O que son “planificadas íntegramente” desde el extranjero.
Las tarjetas de crédito
El mayor volumen de denuncias e investigaciones derivan de las estafas por la utilización irregular "online" de las numeraciones de tarjetas de crédito o débito ajenas. “Es el día a día, una locura”, confirma un policía nacional vigués. En la memoria de la Fiscalía se indica que estas estafas, que se cometen con técnicas como las conocidas como "skimming", "phising" o "hacking", suponen, según los datos policiales que manejan, “el 70% de las denuncias por defraudación online”. Y muchas de ellas ni siquiera llegan a los juzgados “dadas las dificultades técnicas y jurídicas para la determinación de sus autores que, en muchas ocasiones, operan desde otros países”.
Al margen de estos timos con las tarjetas de crédito como protagonistas, la memoria del Ministerio Público destaca otras conductas delictivas en auge. Una de ellas tiene como objetivos a quienes están interesados en invertir. “Entre las más elaboradas van adquiriendo cada vez mayor protagonismo las que se sirven de la red para publicitar productos financieros que se ofertan engañosamente como inversiones de alta rentabilidad y en condiciones aparentemente muy ventajosas”, indican. Aquí ponen el acento en los fraudes centrados en las criptomonedas. La Fiscalía también avisa del "pharming", que consiste en dirigir a las víctimas a webs fraudulentas que imitan páginas auténticas de confianza, normalmente de entidades bancarias. O del "SIM Swapping", en el que los "ciberdelincuentes" intentan duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona, para hacerse con sus contraseñas y claves.
Y en su balance la Fiscalía dedica un apartado a uno de los colectivos más vulnerables, el de la tercera edad, que cada vez usa más internet por la “progresiva digitalización” de todo tipo de actividades, desde la financiera a la de servicios tan esenciales como la electricidad o el suministro de agua y gas. “Las personas mayores se han visto obligadas a asumir esta nueva dinámica de forma precipitada y sin recibir el apoyo necesario para facilitarle la transición”, ilustran. Y los estafadores se aprovechan del “desamparo” e “inexperiencia” de estas personas, accediendo a sus claves y contraseñas bancarias tras hacerse pasar por empleados de banca o de una empresa eléctrica, o haciéndoles ofertas fraudulentas de bienes y servicios por ejemplo de carácter sanitario. Son casos que, en definitiva, constatan con “crudeza” que no hay límites para los "ciberdelincuentes".
¿Inocentes en el banquillo? La suplantación de identidades para delinquir en la red está al alza
La compra de una videoconsola a través de internet fue el inicio de la pesadilla que hace años vivió una estudiante viguesa. Facilitó una copia de su DNI al vendedor ignorando que a quien estaba dando tan sensibles datos era un activo delincuente Este hombre, afincado en Barcelona, suplantó la identidad de la joven, usando su nombre para cometer decenas de fraudes a través de Wallapop. La mujer acabó enfrentándose a 12 juicios en los que la acusaban de ser ella la estafadora. Llegaron a condenarla dos veces antes de que se descubriese que ella era en realidad una víctima.
Lo vivido por esta estudiante no es una excepción. Y la Fiscalía General del Estado alerta sobre esta problemática. “Cada vez es más habitual que los/as delincuentes aprovechen documentación personal de terceros, obtenida irregularmente, para usurpar su identidad en cualquier clase de operación económica en beneficio propio y también para contactar online con terceros con fines espurios o para abrir cuentas bancarias destinadas a canalizar la entrega de las cantidades fraudulentamente obtenidas [...]”, indica. Debido a ello, es “frecuente”, admite el Ministerio Público, que se abran procedimientos judiciales contra personas que en realidad son inocentes: no solo “carecen de responsabilidad alguna en el hecho delictivo”, sino que además, al tiempo del robo de su identidad también podrían haber sido víctimas de algún tipo de estafa.
Los fiscales especializados en Criminalidad Informática ya trabaja para localizar estos casos y evitar que inocentes acaban en el banquillo. En toda España abrieron 110 expedientes de supuestos así que se produjeron en 2021 y 2022. El fin es “detectar a tiempo” estas situaciones y evitar “errores” en la identificación de los verdaderos culpables.
