Despropósito tras despropósito. Y sorpresa tras sorpresa. El caso Déborah sigue sumando inexplicables episodios. El último se conoció este domingo, al salir a la luz que unas obras de reforma en las dependencias de la UDEV Central del complejo de Canillas (Madrid) de la Policía Nacional derivaron en el hallazgo de material “desconocido” relativo a esta investigación sobre una muerte criminal ocurrida hace ya 20 años. Un legajo en el que, junto a una serie de fotos y oficios policiales, aparecieron un teléfono móvil y varias cintas de vídeo.
La sospecha es que ese terminal, que ha sido encontrado sin tarjeta SIM, podría ser el de la joven viguesa, que, de hecho, permanecía extraviado. Junto a dar cuenta de este hallazgo, el grupo policial al frente de las pesquisas desde su reapertura en 2019 ha solicitado autorización a la jueza para acceder a la información que pueda contener dicho teléfono, así como para digitalizar los vídeos en formato VHS, de los cuales se ignora su contenido.
El oficio de la Policía Nacional dando cuenta del hallazgo de todo este material tiene fecha de este pasado 5 de septiembre. Fue en la fase final de las obras de reforma, con motivo de la digitalización de la documentación que se acumulaba en la Sección de Homicidios y Desaparecidos, cuando, concretamente en el despacho del Grupo I de Homicidios y junto a documentación relativa a otros asuntos antiguos investigados en su momento, “se ha hallado un legajo desconocido hasta la fecha que contiene efectos y documentación referentes a la investigación sobre la muerte de Déborah Fernández-Cervera Neira”.
Recibido este escrito policial en el que se añade la petición de acceder al contenido del teléfono y de las cintas de vídeo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha dictado una providencia con fecha del 8 de septiembre dando traslado al fiscal y a los abogados personados en la causa para que hagan las alegaciones que estiman pertinentes de forma previa a decidir sobre dicha cuestión.
Perdido y olvidado
A priori, el teléfono móvil parece el elemento más importante de ese legajo que permaneció tantos años perdido y olvidado en dependencias policiales. Es un modelo de la marca Nokia. “Es tanta la indignación que no nos cabe en el cuerpo”, afirma Ignacio Pérez Amoedo, miembro del equipo de abogados de la familia de Déborah. “Este caso no para de sumar negligencias”, añade. La familia cree que ese terminal es el de Déborah que, según denunciaron en varias ocasiones, permanecía desaparecido. Aunque, consta en el sumario, la Policía Nacional insistió en que no existía ningún documento que acreditase que el móvil de la víctima hubiese sido intervenido para su análisis, lo cierto es que la madre de la joven sí recuerda perfectamente haberlo entregado con la SIM a los agentes en 2006, mismo año en que les proporcionó el disco duro del ordenador o la agenda que también pertenecía a Déborah. Ahora, además, reconoce el modelo hallado con el que tenía su hija.
Los abogados de la familia anuncian acciones penales por la sucesión de “negligencias” policiales
“Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Vamos a iniciar acciones penales por esta sucesión de negligencias policiales”, afirmaba ayer Ramón Pérez Amoedo, que, junto al anuncio de esta querella, está preparando ya las alegaciones que presentarán como acusación particular ante el hallazgo del teléfono móvil y de las demás pruebas tras permanecer años traspapeladas en dependencias policiales. “Esta causa está llena de chapuzas y de confusión; ¡como es posible que pase esto en la investigación de un crimen de una joven!”, se pregunta el abogado, que se confiesa “totalmente indignado” por lo acontecido.
La familia de Déborah tampoco da crédito a lo que está ocurriendo. Rosa, hermana de la joven, afirma que se siente “vapuleada” por la Justicia. Y se hace una pregunta. “¿Qué ocurriría si en ese móvil hubiese alguna prueba que apuntase en una dirección distinta a la que sigue ahora la causa judicial? Pues estaríamos ante una negligencia como un mundo, porque ya no se podría hacer nada”, expone, en referencia a que, tras cumplirse este mismo 2022 los 20 años del caso, el procedimiento prescribió excepto en relación al exnovio, el único investigado. Y es que aunque ahora apareciera algún otro sospechoso, judicialmente ya no se podría hacer nada contra dicha persona.
“Siento vergüenza ajena por el sistema de ‘justicia’ que tenemos, si así se le puede llamar”, expresa además Rosa en las redes sociales de “Justicia para Déborah”, donde critica a fiscal, juez y Policía Nacional y describe la “rabia, impotencia y frustración” que siente por todo lo que está sucediendo. “Ni siquiera saben donde guardan las pruebas de un caso de esta gravedad y las presentan 20 años más tarde, con todo su cuajo, cuando la mayor parte de la causa está prescrita”, indica en dicha publicación, donde se dirige a su hermana, Deboritah, diciéndole que si bien todos estos años han sido “un auténtico camino de espinas”, saben que ella les está acompañando en cada paso y por ello “no dudaremos en tirar de la manta con quienes te ultrajaron, mataron y profanaron tu cuerpo y tu memoria”. Porque, pese a todo, la familia no pierde la esperanza: “A ver qué nos dice ese teléfono”.
Ramón Pérez Amoedo, otro de los abogados de la familia de la joven, afirma que una de las cuestiones a aclarar es si ese móvil pertenece efectivamente a Déborah y si era el que usaba en la época de su desaparición. En todo caso, ante la petición policial de acceder al contenido del terminal, este equipo legal ya avanza que solicitarán que en dicho examen estén los peritos de Lazarus Technology, los mismos que analizaron el disco duro del ordenador y que descubrieron que había sido manipulado tras su entrega a la Policía Nacional. Habrá que ver si, pese a no haber aparecido la tarjeta SIM, se puede recuperar información, algo en lo que influirá también las características técnicas de este antiguo aparato y las condiciones en las que estuvo guardado durante tanto tiempo.
Y también habrá que ver si todo este material aporta algo nuevo a una investigación judicial, la de la muerte de Déborah, que permanece en punto muerto, a la espera de que la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva el recurso presentado por la familia de la joven para que la causa que se sigue contra el único investigado, el exnovio, siga los cauces del jurado popular.
Una causa plagada de despropósitos
La propia Audiencia Provincial de Pontevedra, en un reciente auto judicial, lo reconoció. La investigación del caso Déborah, en sus inicios, fue de todo “menos modélica”. Y los hechos no dejan de dar contenido a esta tajante afirmación. La familia de la joven viguesa y su equipo de abogados llevan años denunciando la sucesión de errores, negligencias y omisiones de un caso ocurrido en 2002 en el que la instrucción judicial no arrancó de verdad hasta 2019 y en el que la única imputación, la del exnovio, no llegó hasta este mismo 2022, cuando el procedimiento ya estaba a punto de prescribir:
Una exhumación para buscar ADN bajo las uñas del cadáver. Uno de los hitos importantes del caso Déborah tras su reapertura en 2019 fue la exhumación de su cadáver para la realización de una nueva autopsia. Por primera vez, porque no se hizo en 2002, los forenses analizaron las uñas de la víctima en busca de pistas que permitiesen arrojar luz a lo ocurrido. Aparecieron fibras compatibles con las de una colcha del único sospechoso y se encontró ADN masculino, si bien finalmente los marcadores genéticos no fueron concluyentes.
Un disco duro manipulado tras ser entregado a la Policía. Una de las grandes sorpresas que trajo el caso tras su reapertura vino de la mano de una pericial realizada por los expertos de Lazarus Technology, que concluyeron que el disco duro del ordenador de la joven fue manipulado a conciencia tras ser entregado a la Policía Nacional. La jueza ha encargado un “contrainforme” a la Guardia Civil, si bien rechazó la petición de la familia de Déborah de analizar toda la cadena de custodia que tuvo el dispositivo desde 2006 hasta la actualidad.
28 espacios en blanco en el listado de llamadas de la joven. Una cuestión que no se ha aclarado, también puesta de manifiesto por la familia de la víctima en varias ocasiones, es la de que en el listado de llamadas entrantes del teléfono móvil de la joven –documento enviado al juzgado por la compañía telefónica en 2002– hay “28 espacios en blanco” que impiden saber quién las efectuó.
