Las demandas contra inquilinos morosos siguen protagonizando el día a día de la actividad judicial. El fenómeno se repite año tras año y este 2022 no es una excepción. Porque en lo que va de año los juzgados civiles de Vigo contabilizaron ya casi 350 pleitos por el impago de las obligadas cuotas mensuales de alquiler. Son diez litigios cada semana. Y la mayoría finalizan inexorablemente con el desahucio de los ocupantes de dichas viviendas. Eso sí, hasta el 31 de diciembre continúa vigente, tras aprobarlo el Gobierno, la suspensión de los desalojos para las familias vulnerables.
La gran mayoría de los desahucios que se ejecutan en Vigo en la actualidad son derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por el impago del alquiler. Representan prácticamente el 80% de los casos, correspondiendo el resto a desalojos por no cumplir con el préstamo hipotecario, una modalidad que se desplomó tras el clamor social y las medidas judiciales consecuencia de lo ocurrido en los años más duros derivados de la crisis económica de 2008.
Los datos de la estadística judicial evidencian que son muchas las familias a las que les cuesta cumplir con el alquiler mensual. Entre el 1 de enero y este pasado 19 de agosto los juzgados de Primera Instancia de Vigo registraron concretamente 343 demandas presentadas por propietarios de pisos para echar a inquilinos morosos. Los caseros suelen esperar una media de cuatro o cinco meses antes de acudir a la vía judicial. Y estos pleitos, salvo aquellos que puedan encuadrarse en la moratoria gubernamental dirigida a familias con severas dificultades debido a su vulnerabilidad económica o social, suelen derivar antes o después en el desalojo del deudor.
Los inquilinos pueden oponerse a la demanda, pero esto, según fuentes judiciales, no ocurre con demasiada frecuencia. Así que, a no ser que se acredite la citada vulnerabilidad social –que permite aplazar el desalojo a la espera de que los servicios sociales encuentren una solución para los afectados– o que el deudor se ponga al día en el pago de las rentas, el desenlace de estos procedimientos no es otro que el desahucio.
Lo cierto es que acceder a una vivienda en alquiler es cada vez más complicado. Los propietarios, precisamente para protegerse de futuros impagos como los que protagonizan estos pleitos judiciales, piden al menos un mes de fianza por adelantado, aunque hay casos, según informó recientemente FARO, en los que exigen hasta tres mensualidades. Unas cuantías a las que hay que sumar generalmente el seguro de impago. A estas circunstancias que rodean el acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento se une el encarecimiento generalizado en el precio de los alquileres, lo que está dando lugar en muchos casos a cantidades desorbitadas. El importe medio de los arrendamientos en Galicia subió un 8% en el último año y la mensualidad media, según datos del pasado junio, se situaba en el caso de Vigo en 541 euros.
Seis meses
Cuando un inquilino no paga la renta y se ve abocado a un procedimiento judicial y posterior desahucio, el tiempo medio en que se lleva a cabo dicho lanzamiento se sitúa en Vigo en una media de seis meses. El desalojo lo ordena el juez, pero quien lo ejecuta es el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, una oficina judicial con sede en el Casco Vello. Ya no tendrían que intervenir en aquellos casos en los que el arrendatario entrega las llaves al propietario y abandona el inmueble de forma voluntaria.
Algunos de los procedimientos judiciales son contra okupas, casos que pueden dirimirse en la vía civil pero también en la penal. Uno de los últimos juicios en Vigo fue contra varias familias que se adueñaron de una casa de la calle Montecelo, en Teis. Incluso se llegaron a empadronar en esa dirección. El juez, en una sentencia dictada en junio y que aún no era firme, los condenó ordenando su desalojo.
