Concello, empresarios y usuarios se alinean para exigir al Gobierno el rescate de la AP-9
Aplauden la propuesta remitida por el Consejo de Estado al Ejecutivo central, al que la Xunta le pide que las bonificaciones, que “no han cumplido las expectativas”, vayan más contra las arcas de la concesionaria
Vehículos transitan por las curvas de la AP-9 a su paso por la ciudad. / Ricardo Grobas
Un “bombazo” que debe presionar al Gobierno para que, finalmente, se atreva a “dar el paso”. Es la lectura que hacen los usuarios y sectores económicos de la ciudad y la provincia al respecto de la propuesta del Consejo de Estado al Ejecutivo central, de la que informó FARO el lunes: evaluar la “conveniencia” de rescatar la AP-9 debido al alto coste que supone para las arcas públicas bonificar la rebaja del peaje hasta el final de la concesión. El Concello defiende la supresión de los peajes en el vial y la Xunta, que las bonificaciones vayan más contra los beneficios de Audasa y menos contra el bolsillo público.
Un “bombazo” que debe presionar al Gobierno para que, finalmente, se atreva a “dar el paso”. Es la lectura que hacen los usuarios y sectores económicos de la ciudad y la provincia al respecto de la propuesta del Consejo de Estado al Ejecutivo central, de la que informó FARO el lunes: evaluar la “conveniencia” de rescatar la AP-9 debido al alto coste que supone para las arcas públicas bonificar la rebaja del peaje hasta el final de la concesión. El Concello defiende la supresión de los peajes en el vial y la Xunta, que las bonificaciones vayan más contra los beneficios de Audasa y menos contra el bolsillo público.
Fuentes de la entidad local señalan que la solución que quieren es aquella que consiga abaratar las tasas, “incluido el peaje cero”. “El peaje de la autopista dificulta el crecimiento económico y, por tanto, apoyamos todo aquello que suponga suprimirlo o disminuirlo”, argumentan.
La Xunta, preguntada por la posibilidad de que el Gobierno rescate la AP-9, opta por sortear la cuestión y anota que las bonificaciones “son imprescindibles”. Considera que el Gobierno de España “debe trabajar para que su peso económico vaya más contra los beneficios de Audasa y menos contra el erario público una vez acreditado que hay un desequilibrio muy favorable a los intereses de la concesionaria en los acuerdos con la Administración General del Estado”, como “advirtieron el Consejo de Estado, el Consello Consultivo y el Consello Galego da Competencia”.
“La propuesta del Consejo de Estado debe presionar al Gobierno central”
La administración autonómica lamenta que, después de un año de funcionamiento, las bonificaciones de la autopista “no han cumplido las expectativas creadas ni responden a las necesidades de los usuarios, como así se refleja en la rebaja de los vehículos pesados, muy reducida y que no logra sacar camiones de las vías convencionales”.
Mientras, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, confía en que la propuesta del Consejo de Estado contribuya a hacer realidad una postura que fue apoyada “por unanimidad” en el Parlamento gallego: impulsar la transferencia a Galicia de la AP-9. “Es lo que siempre hemos defendido. Queremos que el Gobierno apoye la línea del Consejo de Estado, en el que hay expresidentes de España. Tiene que significar más presión para dar el paso. Es reforzar una demanda de hace mucho tiempo”, indica el representante de la patronal. El deseo del sector es la “supresión total” de los peajes para “dejar de mermar la competitividad de las empresas”, pero Cebreiros no tiene claro que se pueda consumar.
Diego Maraña, abogado y presidente de la asociación de consumidores En-Colectivo, responsable de la denuncia inicial que motivó el procedimiento abierto contra el Estado por la prórroga de la AP-9 a Audasa, asegura que la noticia es un “bombazo”. “Es muy importante porque le dice al Gobierno central que no tiene sentido el planteamiento de hace un año, es decir, defiende lo mismo que nosotros. Es una grata sorpresa, no nos lo esperábamos para nada”, indica antes de dejar claro que la entidad defiende la anulación de la concesión, no el rescate. Además, critica el “oscurantismo” y “falta de transparencia” del Ejecutivo central sobre la respuesta que le ha enviado a Bruselas después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista del Atlántico sin lanzar antes una licitación pública.
“Enviaremos a Europa la información. Puede ayudar a que prospere nuestra denuncia”
“No se puede permitir a una empresa privada incrementar los peajes más allá del IPC. Remitiremos esta información a la Comisión Europea. Todo suma, creemos que puede ayudar a que prospere nuestra denuncia. Estamos pendientes de la resolución, de la valoración y el dictamen, que debería esta antes de Navidad”, apunta Maraña, que hace un llamamiento “a toda la sociedad gallega, el tejido empresarial y las instituciones” para unirse y hacer que la AP-9 sea gratuita, como “ya ocurrió en otras comunidades autónomas: Cataluña, Castilla y León o Comunidad Valenciana”. “Seguimos siendo españoles de tercera. Pagamos la única vía de comunicación a un coste elevadísimo cuando debería ser gratis desde hace ocho años. Hay más de un millón de personas afectadas”, analiza.
“El rescate tiene que traducirse en peajes gratis. Si no, que no cuenten con el sector”
El sector del transporte aplaude la propuesta del Consejo de Estado siempre que el rescate por parte del Gobierno signifique la gratuidad total. Es la condición que destaca el presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso. “Llevamos años pidiendo que eliminen los peajes. Eso sí, si van a rescatarla para hacernos pagar más, que no cuenten con nuestro apoyo. Ese cuento no nos vale”, reflexiona antes de indicar que las bonificaciones, realmente, son un “engaño”, una “broma” desde el principio. “Reclamamos que Puxeiros-Porriño-Tui sea gratuito, así como Redondela. Que haya que pagar en esos tramos clama al cielo”, añade, a la vez que recuerda la necesidad de que la nueva A-55 vaya en túnel: “Es imprescindible si queremos una ciudad con futuro”.
El presidente del Consello Galego da Competencia, Ignacio López-Chaves, cree que es clave realizar un informe en el que se concrete qué decisión es la más eficiente desde el punto de vista social y el económico antes de tomar una decisión política, en la que esta institución “no interviene”: “Una vez se tengan esos datos, debe haber transparencia para conocerlos y, a partir de ahí, podríamos opinar qué opción es mejor. Echamos en falta en muchas decisiones del Ministerio un análisis económico previo de las consecuencias derivadas de los acuerdos que se toman”.
“Hay que realizar un informe en el que se concrete qué decisión es la más eficiente”
López-Chaves destaca el informe elaborado por Competencia, enviado al Ministerio, en el que se tacha de “excesiva e injustificada” la contraprestación recogida en el acuerdo entre Audasa y el Gobierno por la subida anual del 1% de los peajes en la AP-9 durante 20 años para compensar a la concesionaria por las obras de ampliación de Rande y los accesos de Santiago de Compostela. “Las modificaciones de los acuerdos entre Audasa y el Gobierno central siempre han sido muy favorables para la concesionaria con perjuicio para las arcas públicas y los usuarios”, asevera.
Audasa advirtió a finales del año pasado que exigirá una indemnización “significativamente superior al importe actual de su deuda”, que va más allá los 1.000 millones de euros, si se modifica o termina su vigente contrato de concesión de la AP-9. ¿Y por qué significativamente superior? La empresa entiende que reclamará conceptos como el lucro cesante, con la cantidad que dejaría de percibir por peajes en base a su contrato hasta 2048, o las inversiones ya realizadas y que esperaba recuperar a lo largo de la concesión. En total, sumado el importe de la deuda actual, la reclamación podría exceder los 2.000 millones.
Audasa ha mantenido el mismo nivel de deuda financiera neta desde, al menos, el año 2016 –por encima de los 1.000 millones de euros– pese a haber obtenido beneficios de más de 150 millones en el mismo periodo. El grueso lo dedicó a dividendos –reparto entre sus socios–. En los dos últimos años, abonó por este concepto a sus accionistas 60,7 millones de euros. La autopista es, sin ambages, el tesoro del grupo Itínere-ENA. El 66% de la cifra de negocio se lo aporta Audasa.
En la última década, la compañía ha realizado ocho emisiones de deuda por importe conjunto de 749 millones. El objetivo que esgrime para buscar financiación es que refinanciará parte de la deuda financiera de la Sociedad. Es decir: estas operaciones le permiten amortizar íntegramente emisiones de deuda anteriores, no dedican este dinero a inversiones o mejoras en el vial. En resumen: para no bajar la deuda, paga una emisión de bonos o un pagarés que está a punto de vencerle con una emisión nueva.
Además, Audasa pleiteará contra el Ministerio para recibir más de 46 millones del erario público en concepto de compensación por la caída de los tráficos en el primer año de COVID. Es el importe que, asegura, dejó de ingresar entre la declaración del primer estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020. No obstante, las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no reflejan una pérdida tan importante de ingresos, sino de 22,3 millones.
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