A la crisis económica y sanitaria del COVID se le sumó la energética, con subidas históricas del precio de la luz; la de suministros, con un encarecimiento generalizado de productos de alimentación y también la de la gasolina, alcanzado picos de más de dos euros el litro. Un reflejo de la repercusión de esta inflación en la sociedad viguesa es la petición de ayudas sociales.
De los datos ofrecidos por la Consellería de Política Social se pueden extraer dos lecturas, por un lado, los beneficiarios del Risga han caído a la cifra más baja en una década, con 1.900 vigueses que han recibido estas cuantías este pasado mes de mayo, sin embargo, el bono social térmico, concedido por la Xunta para compensar los gastos del suministro de energía para calefacción, cocina o agua caliente han multiplicado en el último año, llegando a los 6.900 receptores. Esta ayuda autonómica se otorga de forma directa a todos los que hayan recibido el bono eléctrico de la Consellería de Economía.
A mayores de estos dos programas, también se conceden las ayudas de Inclusión Social (AIS). Son prestaciones económicas destinadas a sufragar gastos urgentes o extraordinarios, como deudas al pago el alquiler, equipamiento de mobiliario, obras de habitabilidad, etc.
Entre enero y mayo fueron 270 las ayudas concedidas, por valor de 290.000 euros. Así, en total, en lo que va de año, la Consellería destinó 6,5 millones de euros para sufragar estas subvenciones.
Para muchos de ellos, el cobro de esta percepción es el único recurso que entra en el hogar, por lo que es fundamental su tramitación para no quedarse sin ingresos o liquidez frente a cobros y facturas. Según las estimaciones de Política Social, desde que un solicitante de la Risga pide la ayuda hasta que la misma es aprobada el periodo de tiempo no alcanza los dos meses (52 días), mientras que la AIS se queda en 43 días. En cuanto a las ayudas del Bono Social Térmico son de concesión directa, es decir, no se hace una solicitud previa, por lo que no hay tiempo de espera.
Uno de los colectivos más activos en la ciudad de Vigo que conoce de primera mano son Os Ninguén. “Este invierno teníamos compañeros que dormían vestidos, o con gorro y guantes por la humedad de sus casas, por su puesto pasando el invierno sin poner calefacción en ningún momento, etc.; o que han acudido a financieras o tarjetas revolving para llegar a fin de mes y se han sobre endeudado. Un desastre total”, explica Carla Leiro, portavoz del colectivo.
Detrás de este caída en los beneficiarios de la Risga se encuentra la incompatibilidad de solicitud con otra prestación, quizás la más popular tras la pandemia: el Ingreso Mínimo Vital. Leiro incide en la necesidad de una reforma que permita ambas concesiones. “La Risga tiene que reformarse para ser compatible con el Ingreso Mínimo, subir las cuantías y ser una por persona, y no por familia, esa es nuestra visión, los incrementos por conviviente no son nada realistas”, contempla.
Vivienda y alimentos
Junto a esta situación, el colectivos que vela por la atención, cuidado y asesoramiento de personas sin recursos en Vigo, destaca también otras problemáticas como la vivienda o incluso la alimentación. “Muchas personas empiezan a usar las ONG cuando antes no necesitaban ni comedores ni acudir a AFAN, pero con la subida es imposible, además muchas familias han dejado de comprar fruta o pescado”, incide Leiro, que alude también a los problemas de alquiler.
“En vivienda es dramático, personas mayores que tienen que compartir piso porque no son capaces de afrontar el alquiler. Los precios de mercado son exageradamente altos y las condiciones, leoninas. El último piso que hemos firmado pidieron un avalista, fiador, dos meses de fianza y mes por adelantado además de seguro de impagos. Y es complicadísimo el acceso a la vivienda para un mileurista, mucho más para quien cobra una ayuda”, lamenta Carla Leiro.
