Nueva negativa del Juzgado de Instrucción 2 de Tui y nuevo recurso de apelación por parte de los abogados que representan a la familia de Déborah Fernández-Cervera, en el marco de la investigación por su desaparición y muerte en abril de 2002. En un escrito presentado el pasado 27 de junio, inciden en conocer la cadena de custodia del disco duro del ordenador de a joven viguesa, tras la confirmación por parte de la empresa Lazarus Technology de que este dispositivo fue manipulado de forma intencionada tras su entrega a la Policía.
Concretamente, los abogados piden informar “sobre las dependencias concretabas en las que estuvo en disco duro y sobre la cadena de custodia del mismo, a fin de saber los nombres de las personas que tuvieron acceso al mismo”. Entiende que al quedar corroborado la existencia de un “hecho delictivo”, este tuvo que darse “o en dependencias de la Policía Nacional, o en el Juzgado de concretas, o en dependencias de la Guardia Civil de Tui o en dependencias del Departamento de Ingeniería de la Guardia Civil”.
Precisan que si bien, la magistrada y Letrado Judicial de este órgano sí informaron de la cadena de custodia del disco duro en sus instalaciones, no entienden la negativa de la jueza a ampliarlo al resto de cuerpos policiales.
Reiteran además, la escasa necesidad de que el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid realice un contrainforme del disco duro ya que este mismo equipo informó al juzgado en 2021 de la imposibilidad por su parte de realizar la pericial ya que no consiguieron ni acceder ni extraer la información contenida en el disco duro.
A mayores, inciden también en la necesidad de tramitar el caso por el Tribunal del Jurado, al encontrase ante un supuesto caso de asesinato. Sostienen en el escrito que “en este momento procesal se entiende que existen elementos incriminatorios P.P. (el exnovio de Déborah y único investigado en la causa por sus contradicciones) por ser autor de unos hechos, que sin perjuicio de ulterior calificación, tendrían los caracteres de asesinato, cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado”.
