Las constantes fusiones de entidades financieras y los consiguientes ajustes de empleo y prejubilaciones que han aplicado a lo largo de los once últimos años han derivado en un cierre masivo de oficinas, con el perjuicio que ello constituye para los clientes. Porque en lugar de moverse escasos metros para sacar dinero o hacer sus gestiones, tienen que desplazarse varios kilómetros y en muchos casos incluso a otras parroquias en el caso de aquellos vigueses que viven en el rural.
Las cifras hablan por sí solas. En poco más de diez años han cerrado unas doscientas oficinas con financieras con atención presencial en la ciudad olívica y, según los últimos datos recogidos por el Banco de España, entre el 31 de marzo de 2021 y la misma fecha en 2022 han bajado la persiana 17 sucursales. Las entidades que más oficinas cerraron son el Santander, con nueve menos; Caixabank, que clausuró seis y el BBVA, con tres menos. Abanca, sin embargo, no ha cerrado ninguna oficina de atención presencial en el último año, manteniendo las cuarenta que tenía abiertas a principios de 2021.
En total, según los últimos datos, hay 110 sucursales bancarias abiertas en Vigo, cinco más que en A Coruña, ciudad que ha sufrido todavía más el ajuste de las entidades financieras en los últimos años.
Todo arrancó con la fusión de las cajas gallegas que terminaría por fructificar en Abanca, pasando por la absorción del Banco Pastor por el Popular y que acabaría siendo una entidad adquirida por el Santander, hasta la última fusión entre Caixabank y la madrileña Bankia. Los cierres de entidades afectan ya a todo el término municipal de Vigo: Urzáiz, Policarpo Sanz, García Barbón, Martínez Garrido...
La reducción del número de sucursales ha supuesto la destrucción de miles de empleos. Y no se debe únicamente a las fusiones bancarias, sino también a la apuesta por digitalizar cada vez más los servicios. Los bancos reclaman a sus clientes, en muchos casos de una forma agresiva bajo amenaza del cobro de comisiones, que realicen operaciones como transferencias o pagos de impuestos mediante la web, la aplicación móvil o desde los cajeros. El objetivo es reducir al máximo posible la actividad en las sucursales. Los colectivos de mayores de toda España han denunciado en repetidas ocasiones esta circunstancia, pues fuerzan a personas que ni si quiera tienen un teléfono móvil o un ordenador a tener que utilizar la banca electrónica para hacer operaciones básicas, o les derivan al cajero automático del banco.
Precisamente las entidades han ido reduciendo en los últimos años hasta prácticamente el mínimo el horario en el que la caja de las sucursales está abierta para realizar determinadas operaciones, como el pago de recibos o impuestos.
Esta circunstancia ha llevado a muchas asociaciones y a las propias administraciones a organizar cursos de digitalización destinados a personas mayores para que sepan utilizar la banca electrónica.
Todo ello hay que ubicarlo en un contexto en el que los bancos tradicionales exigen a sus clientes cada vez más requisitos para eximirlos del pago de comisiones. La domiciliación de una nómina en o de una pensión en la cuenta por ejemplo suele ser imprescindible, incluso en muchos casos con importes mínimos de mil euros. Además, se exige la domiciliación de un determinado número de recibos (factura del agua, de la luz...), tener más productos contratados con la entidad además de la cuenta (por ejemplo, depósitos o seguros) o haber comprado acciones.
