La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso de súplica presentado por el exalcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, que acumula varias condenas por prevaricación, y ha ordenado su ingreso en prisión en un auto firme contra el que no cabe recurso.

Concretamente, el TSXG confirmaba hace justo un año la condena a Ballesteros, a 2 años y dos meses de prisión y 7 años de inhabilitación para cargo y empleo público por un delito de falsedad, en concurso medial con un delito de malversación y un delito de prevaricación.

Recurso de súplica

Así, según ha podido saber Europa Press, la propia Audiencia emitió un auto en marzo de este año, en el que desestimaba la petición de suspensión de la pena de prisión, y Roberto Ballesteros presentó un recurso de súplica, para evitar entrar en la cárcel.

Sin embargo, en un nuevo auto, de 7 de junio de 2022, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acordado desestimar este recurso, y ha recordado que el exalcalde pedáneo de Bembrive fue condenado a más de dos años de prisión.

Excepcionalidad

La suspensión de la entrada en prisión cuando la condena supera ese período, ha apuntado el tribunal, solo se acuerda de modo excepcional y, "esta excepcionalidad no se aprecia" en el caso del exalcalde pedáneo.

No acoge sus argumentos

La Audiencia no considera suficientes los argumentos aportados por Ballesteros en su recurso, al no ver acreditada la dependencia física de la madre y teniendo en cuenta que no convive con sus hijas, e incide en que el condenado es un reo "reincidente" en lo que respecta al delito de prevaricación. De hecho, apunta que no se puede obviar la última condena, que le fue impuesta por este mismo tribunal el 22 de marzo de 2022, también por prevaricación.

Condenas

Roberto Ballesteros fue condenado en mayo de 2017 a 7 años de inhabilitación por retirarles, en una decisión ilegal, las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal de Bembrive.

Posteriormente, en abril de 2021, fue condenado por pagar una obra que no se llegó a ejecutar, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación; en ese caso la sentencia fue de dos años y dos meses de prisión, y 7 años de inhabilitación (y también fue condenado un constructor como cooperador necesario).

En marzo de este año, en una tercera causa, Roberto Ballesteros aceptó 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por la adjudicación de varias obras 'a dedo' por valor de casi 800.000 euros, entre 2013 y 2016.