Catorce detenidos y tres mujeres liberadas en un operativo que puso su foco en tres clubes de alterne de Porriño, Tomiño y Ponteareas y en dos pisos de citas de Vigo. Las jóvenes viajaban desde Brasil, contraían una deuda con los proxenetas y debían estar disponibles las 24 horas. Uno de los líderes de la red “probaba” a las víctimas “para ver si servían”. El entramado contaba con colaboradores en el país de origen de las mujeres que facilitaban documentos falsos, tanto visados de estudiante como certificados de vacunación COVID.
La "Operación Channing" fue dirigida por el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo, que decretó prisión provisional para dos de los detenidos. Concretamente, hubo cinco arrestos en la ciudad olívica y el resto se practicaron en las tres localidades donde están radicados los clubes, así como en Nigrán y Vilagarcía de Arousa. El dispositivo fue llevado a cabo de forma conjunta por el grupo UCRIF de Vigo y un equipo de la comisaría general de Madrid.
La trama funcionaba con una “clara distribución de funciones” entre sus integrantes. Uno de los dirigentes captaba a las víctimas en su país de origen en Brasil y gestionaba el viaje en avión hasta España, donde las mujeres quedaban en manos de otro de los cabecillas, que regentaba los clubes de alterne del área de Vigo donde se llevó a cabo el operativo, locales que contaban con testaferros u “hombres de paja”. Las mujeres, muy vulnerables por su precaria situación económica y sus cargas familiares, llegaban desde su país sobre todo a través de Lisboa.
Deuda de 2.000 euros
Debido a su traslado a España, contraían una deuda de hasta 2.000 euros, obligación que desconocían en el momento de su captación y que debían saldar ejerciendo la prostitución en los clubes y en las casas de citas de Vigo y su área. Esa cantidad iba en aumento si se negaban a mantener relaciones sexuales con uno de los principales jefes, quien “las probaba para ver si servían”. Por cada servicio sexual debían entregar entre 10 y 20 euros o el 50% de lo que cobraban en las casas de citas. La organización también se lucraba del alterne de las mujeres con los clientes, llevándose 10 euros del pago de las consumiciones a las que eran invitadas por los clientes, y de su propio alojamiento, que podía llegar hasta los 100 euros semanales. Además, imponían a las víctimas un sistema de multas que iba de los 30 a los 60 euros, del que no se explicaba nada sobre la supuesta infracción cometida.
Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas a través de una página web que el entramado destinaba a la publicidad de la prostitución, anuncios en los que constaba el número de teléfono de cada una de sus víctimas y por los que además ellas debían pagar la cantidad de 30 euros. Los agentes realizaron en mayo, cuando fue el dispositivo, cinco entradas y registros en los tres clubes de alterne y en las dos casas de citas. Gracias a esta labor policial, se logró la clausura judicial de los establecimientos que la red usaba para la explotación de mujeres.
