El caso de Manuela Quintas es uno de los casi 18.000 que se acumulan en los juzgados de Vigo. No se trata de denuncias sin incoar o casos en trámite, sino hechos juzgados y sentenciados que buscan su ejecución. Y es que un fallo no tiene validez si no se abre una pieza de ejecución. Esta viguesa ganó hace más de seis meses un pleito contra una empresa de reformas. Había contratado a una experta en diseño de interiores para la remodelación de una vivienda de dos pisos en Vigo. “Firmamos un contrato por la reforma de la casa y acordamos que yo le pagaría 68.000 euros por los arreglos; le iba pagando según ella iba haciendo. Al principio todo fue bien, empezó haciendo cosas, pero de repente la mujer desapareció. Yo le pagué, pero nunca más supe de ella”, cuenta esta afectada.
Demanda
Esta situación la llevó a presentar una demanda, que recayó en el Juzgado de Primera Instancia 9 de Vigo, para tratar de recuperar de la demandada el dinero del que se habría apropiado.
En el fallo, se recoge como la mujer abonó “el pago de las entregas a cuenta, salvo una de ellas por importe de 4.000 euros al haber paralizado la demandada la ejecución de las obras sin motivo alguno”. “La casa ahora mismo está inhabitable, no se puede vivir allí”, cuenta la afectada.
Obras defectuosas
Y es que además de no terminar el encargo, se produjo la “ejecución defectuosa” de varias obras, provocando incluso “entradas de agua” que han generado en la propietaria “una situación de angustia”: “Además de la devolución del dinero, también pedimos una indemnización por daños morales a consecuencia de esta parálisis, porque el contrato lo firmamos en 2018 y han pasado casi cuatro años. Tengo que estar viviendo en un bajo con mi familia y mi niña de 17 meses y medio y soportando filtraciones, humedades…”, lamenta. Tanto es así que en el fallo la jueza le da la razón y a mayores de los 28.737 euros a los que condena a la empresa Alexca 2011 a devolverle por daños y perjuicios, también se incluyen otros 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.
Vía civil
Al término del año pasado, eran 17.767 sentencias pendientes de ejecución. Precisamente, es la vía civil la que aglutina la mayor parte de ellas, sumando un total de 14.440 (1.053 se corresponden con los juzgados de Familia). Le siguen las salas de lo Penal e Instrucción con 2.662, Social con 623 y por último la jurisdicción Contencioso-Administrativo con tan solo 42 sentencias pendientes de ejecución.
Formas de ejecución
La forma de ejecución de la sentencia firme depende de la condena o pena determinada. Por ejemplo, en el caso de una condena económica, el juez puede determinar el embargo de bienes, cuenta corriente, nómina...; en el caso de una pena de privativa de libertad se conceden 15 días para la personación voluntaria del condenado o se dictará una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
“Pedí préstamos para la reforma y ahora me veo sin nada”
La viguesa Manuela Quintas, residente del barrio de Fátima, junto al Calvario, afirma mostrarse inquieta por la demora a la hora de obtener la cuantía que le corresponde –y que en su momento ella abonó– por sentencia. Y es que, asegura, se ha encontrado en alguna ocasión con su demandada sin haber recibido cantidad alguna.
“Yo la veo por la calle, la veo subiendo trabajos a sus redes sociales, pero mi dinero no me lo devuelve. Compré esta vivienda sabiendo que tenía que arreglarla, pero para que nos pudiéramos meter todos ahí en un futuro. Pedí préstamos y de todo y ahora me veo sin nada”, precisa esta vecina del entorno de Fátima.
La propia perito designada por el juzgado recogió en su informe las patologías que presenta la vivienda, recalcando “como en los trabajos efectivamente realizados existen numerosas partidas que no se han materializado y otros que se han ejecutado de manera defectuosa”. Es más, incide en varias ocasiones el fallo que la “inhabitabilidad” de la casa ha quedado confirmada por la propia perito, “a lo que debe añadirse la situación generada por el apremio de la Tesorería”.
Toda la documental y pericial planteada por la parte demandante ha sido suficiente para “sustentar su reclamación”, ya que pese a dársele traslado en tiempo y forma a la mercantil para contestar a la demanda, finalmente fue declarada en situación de rebeldía procesal.
