Este mayo entró en vigor el Real Decreto que modifica el que estaba vigente desde 2003 y que introduce cambios en el sistema de aranceles de los procuradores para adecuarlos al derecho de la Unión Europea. La nueva norma implica el derecho de las partes –procurador y cliente– a pactar de común acuerdo los honorarios por los servicios profesionales prestados y establece un tope máximo en dichas retribuciones, quedando prohibido que haya un mínimo. Esta reforma ha causado revuelo en numerosos colegios de procuradores de toda España y el de Vigo no es una excepción. Estos profesionales del derecho se rebelan contra el cambio por limitar sus honorarios y suponer, afirman, una notable pérdida de poder adquisitivo.
“El Real Decreto modifica el régimen de percepción de los honorarios que recibimos los procuradores; pasamos de unos aranceles de tipo fijo a otros en los que se fijan unos máximos”, explica José Antonio Fandiño, decano del colegio vigués. La reforma, denuncia, es un “despropósito” ya que no tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido, que, concreta, ha sido de un 44,5% desde 2003. Los honorarios estuvieron congelados desde dicho año, que fue la fecha del Real Decreto anterior al que se acaba de aprobar este mismo mes.
Ante esta situación, los procuradores de Vigo han comenzado a moverse. Ya celebraron una asamblea extraordinaria a la que acudieron la mitad de los casi 150 colegiados. Una de las medidas que adoptarán será preparar un recurso para combatir en vía judicial, en el Tribunal Supremo, dicho Real Decreto. En la asamblea también se reprobó la gestión que de esta situación realizó la ejecutiva del Consejo General de Procuradores de España, a cuyo presidente remitieron una carta, firmada por un centenar de estos profesionales, exponiendo la pérdida de retribuciones que sufrirán y su descontento. “Le invitamos a venir a Vigo para que explique qué se va a hacer”, afirma Fandiño. Los procuradores vigueses advierten de que con esta nueva ley se pone en duda “la garantía de la prestación de sus servicios con una mínima calidad” y “la cobertura de sus gastos de funcionamiento”.
