El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra ha ordenado convocar el pleno extraordinario de la Diputación que les fue denegado en diciembre de 2021 a los once diputados del Grupo Provincial del PP para instar a la presidenta del órgano supramunicipal, Carmela Silva, a asumir responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cinco años y tres meses de prisión y a nueve años de inhabilitación a un funcionario del Concello vigués por participar en una trama de contratación irregular de la que se benefició su cuñada.
El grupo provincial del PP considera que Silva “está arrinconada”. “No puede permanecer más tiempo callada ante unos hechos tan graves”, critica el portavoz de los populares Jorge Cubela sobre la que considera “la trama corrupta más importante de la historia reciente de Galicia”. “No puede estar un día más al frente de la Diputación”, recalca.
La jueza concluye que la resolución impugnada por el PP "afecta al núcleo básico de la función representativa de los diputados provinciales, puesto que se han perturbado y restringido las atribuciones básicas y esenciales que corresponden a aquellos".
Así, subraya que los diputados provinciales tienen "derecho a que se debatan las cuestiones que versen sobre el control y fiscalización de los órganos de gobierno de la Diputación y, por tanto, de su presidenta, ya que constituye expresión del derecho fundamental de participación política, al margen del resultado".
