El 15 de abril de 2019 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenaba a 36 años de prisión a Carlos Viéitez Iglesias, Papuchi, el hostelero que protagonizó el mayor escándalo de delitos sexuales contra chicos menores en la ciudad olívica. Justo un año después, en 2020, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificaba dicha pena. Y transcurridos dos años desde entonces y tres desde la primera sentencia, el caso afronta hoy su día clave en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal se reunirá para deliberar sobre el procedimiento, que ha llegado a esta sede judicial en Madrid tras el recurso de casación formalizado por la defensa. La resolución que se dicte ahora es trascendental, porque ya será firme y, en el supuesto de que se confirme la sentencia en idénticos o similares términos, el condenado, en la actualidad en libertad provisional, deberá ingresar en prisión.
La de Papuchi es la condena más alta impuesta por este tipo de delitos en Vigo: en total fueron 36 años y 13 días de cárcel por 16 delitos de abusos sexuales, la mayoría continuados y cometidos con prevalimiento. En algunos casos, las víctimas tenían menos de 16 años. Eso sí, a la espera de lo que determine el Supremo, a día de hoy el máximo de cumplimiento efectivo en prisión sería de algo más de 12 años, correspondientes con el triple de la mayor de las penas impuestas, que fue de 4 años y un día de cárcel.
El caso llega al Supremo tras el recurso de casación presentado por la defensa de Papuchi, al que se oponen la Fiscalía y la acusación particular, que piden que se confirme la condena. El abogado de Carlos Viéitez, como ya hizo en el juicio y en su apelación ante el TSXG, insiste en solicitar la libre absolución en un recurso en el que plantea ocho motivos de impugnación, que van desde, alega, la vulneración de derechos fundamentales –como los de presunción de inocencia o de tutela judicial efectiva– hasta rebatir el prevalimiento o que su cliente conociese la edad de los jóvenes.
Los letrados de los menores se oponen y piden la desestimación del recurso, indicando, entre otros razonamientos, que la defensa se limita a reproducir los argumentos ya alegados ante el TSXG , que los abusos fueron corroborados por los perjudicados, que el hostelero actuó movido por una intención sexual y que sabía que los chicos eran menores: los seguía en redes sociales, era sabedor de los colegios en los que estudiaban y les preguntaba a ellos la edad que tenían.
Captación
La Audiencia de Vigo declaró probado que Carlos Viéitez se aprovechó de su trabajo en un céntrico restaurante italiano para entablar contacto con los menores y captarlos mediante consumiciones de bebidas y comida gratis en su local, invitándolos a su casa a ver partidos de fútbol y a escuchar música o paseándolos en su yate y en sus coches de alta gama, un Mercedes y un Maserati. También los llevó a ver al Celta. Para ganarse su confianza, el hostelero, que hoy ronda los 45 años, hacía gala de un comportamiento de “adolescente” y creó grupos en redes sociales para intercambiar fotos eróticas. De todo esto se valió para cometer los abusos que derivaron en la causa judicial que ahora está a punto de escribir su último capítulo.
En libertad con comparecencias judiciales y tras depositar 30.000 euros de fianza
Papuchi fue detenido en 2017 y, a raíz de este arresto, estuvo casi un año en prisión provisional. Salió en 2018 tras depositar una fianza de 30.000 euros. Desde entonces permanece libre. A raíz de ser condenado en 2019 a 36 años de cárcel y tras reclamar la Fiscalía y los abogados de la acusación particular su inmediato ingreso en A Lama, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acordó mantenerlo en libertad provisional a la espera de que hubiese sentencia firme –la que dictará ahora el Tribunal Supremo– al considerar que no existía riesgo de fuga. Como medida cautelar, además de la fianza que depositó en su día para abandonar el penal pontevedrés, debe comparecer semanalmente en los juzgados del municipio del área de Vigo donde vive en la actualidad. Una vez se pronuncie el Supremo, y si confirma la condena al hostelero, la sala viguesa deberá proceder con la ejecución de la sentencia y requerirlo para que ingrese en prisión. Además, aún no pagó las indemnizaciones a los menores.
