El efecto llamada de Albo en la Plisan

La apuesta por la Plisan de la industria pesquera, con tres empresas ya confirmadas, Albo, Frinsa y un grupo vigués de capital chino, es una prueba más de que este tipo de compañías ya no necesitan estar a pie de muelle. De hecho, en España las mayores concentraciones de plantas de procesado y logística de frío no están en la costa (Castilla y León, Comunidad Valenciana) y en el área de Vigo empiezan a no estarlo, lo que permite ganar espacio al lado del mar para las actividades que sí lo precisan.

En el caso de la Plisan, es más que evidente el “efecto llamada” que ha tenido el proyecto de la conservera viguesa Albo (también controlada por capital chino) para sacar del letargo al mayor polígono empresarial de Galicia. La compañía está construyendo una gran planta en una parcela de 62.000 m2 en el puerto seco, y a su lado ya está confirmada la instalación de Frinsa, la mayor conservera gallega por volumen de ventas, en unos terrenos que suman más de 40.000 m2. La última compañía en sumarse, como avanzó este periódico en exclusiva, es una firma domiciliada en Vigo pero de capital chino que prevé invertir 16 millones de euros en una planta de transformación de productos de la pesca, fundamentalmente cefalópodos, túnidos y pelágicos procedentes de pesquerías propias.

La Plisan fue concebida en su origen para paliar el grave déficit de suelo industrial en el área de Vigo en una época de gran expansión de sectores como el automóvil, la logística y la pesca. Los varapalos judiciales redujeron su tamaño (de más de 4 millones de m2 a 3,2, con la anulación del plan sectorial, aunque ahora se ha modificado el plan sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia para recuperar esa superficie) y malograron inversiones multimillonarias como la de la joint-venture formada por las japonesas GS-Yuasa y Mitsubishi, que planeaban construir en Salvaterra-As Neves la mayor planta de baterías de litio para coches eléctricos de Europa, y que quedó en nada.

Fue necesaria una alianza entre los tres propietarios de los terrenos, Zona Franca, Puerto y Xunta, para a través de una serie de cambios legislativos blindar de una vez por todas la seguridad jurídica del parque empresarial, que pese a todas las facilidades para la compra de terrenos sigue a años luz en precio de sus competidores al otro lado de la frontera lusa, que lejos de frenar su ofensiva comercial para la captación de inversiones, la han redoblado en los últimos años.

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