El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo acordó desahuciar a la familia numerosa que seguía viviendo en un piso alquilado pese a haber terminado el plazo del contrato y no querer el propietario renovar el arrendamiento.
Según se recoge en la sentencia, el juez decretó la extinción del contrato de alquiler tras ocho años, y que venció en octubre de 2021.
El juez explica en la sentencia que los Servicios Sociales no confirmaron la presunta situación de vulnerabilidad que habría invocado el demandado, requisito indispensable para suspender el lanzamiento. Por ello, considera que no procede esa suspensión, sin perjuicio de que se pudiese acordar en caso de recibir un informe de Servicios Sociales que acreditase esa vulnerabilidad.
El magistrado apunta que el inquilino no negó haber recibido la comunicación del propietario en la cual se oponía a una nueva prórroga del contrato. Además, indica que, a pesar de que alegó que llegaron a un acuerdo para retrasar su lanzamiento hasta que encontrase una vivienda alternativa, “no acreditó su existencia”.
