El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo ha acordado desahuciar a un inquilino que continuaba viviendo en el piso alquilado con su familia numerosa pese a haber terminado el plazo del contrato y haber recibido una petición de abandono del inmueble. Los habitantes, de origen senegalés, mantienen al corriente del pago las cuotas pactadas.

Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha decretado la extinción del contrato de alquiler, que había sido formalizado el 1 de noviembre de 2013 por expiración del plazo legal, que se produjo a los ocho años, el 31 de octubre de 2021.

De esta manera, ha acordado el desahucio del arrendatario, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se procederá a su lanzamiento.

El juez explica en la sentencia que los Servicios Sociales no confirmaron la presunta situación de vulnerabilidad que podría invocar el demandado, requisito indispensable para suspender el lanzamiento. Por ello, considera que no procede esa suspensión, sin perjuicio de que se pudiese acordar en caso de recibir un informe de Servicios Sociales que acreditase esa vulnerabilidad.

Todo esto después de que la familia buscase que el juzgado prorrogase la expulsión debido a tener hijos menores a su cargo y otro más a su cargo que podrían quedar en riesgo de exclusión social. Argumentaban que no encuentran en el mercado un apartamento con un alquiler acorde a sus posibilidades económicas.

El magistrado destaca en la resolución que el demandante no negó haber recibido la comunicación del arrendador en la cual se oponía a una nueva prórroga del contrato. Además, indica que, a pesar de que el inquilino alegó que llegaron a un acuerdo para retrasar su lanzamiento hasta que encontrase una vivienda alternativa, "no acreditó su existencia". Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación.