“Precintado por orden judicial”. Este cartel, de la Policía Nacional, concretamente de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras UCRIF-Vigo, sellado con visibles precintos policiales, luce desde la mañana de ayer en dos de los chalés que, hasta su desmantelamiento, albergaban una lucrativa actividad de prostitución de lujo. Sobre estas viviendas situadas en Tomás Alonso y Ricardo Mella pesaba ya desde enero una orden de clausura y cese de actividad acordada por el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo y que acaba de ratificar, en una resolución ya firme, la Audiencia Provincial de Pontevedra. ¿Los motivos? Una razón clave es la actividad ilícita que en las mismas se desarrollaba, con mujeres que eran “obligadas” a estar disponibles las 24 horas, a realizar “cualquier tipo de servicio sexual” que requiriesen los clientes y, si se daba el caso, a “consumir sustancias estupefacientes” con ellos. Pero también se busca “evitar” que esas casas continúen funcionando como prostíbulos. “Esta noche hay que volver a trabajar [a ejercer la prostitución] y a ganar dinero”, contó una de las testigos protegidas que les ordenaron el mismo día de la intervención policial que dio inicio a esta causa que está en plena fase de instrucción judicial.
El negocio de la prostitución se reinventó en los últimos años y precisamente chalés como los precintados ayer están en auge. Tras una denuncia anónima, la Policía Nacional desarticuló el entramado que daba cobertura a estas dos viviendas y a un céntrico spa urbano en un operativo en 2021 que se saldó con cinco detenidos. Y también el año pasado se descubrían otros dos chalés de lujo en la avenida del Aeropuerto de Vigo y en el municipio de Poio que, regentados por un clan familiar, eran conocidos bajo el nombre de “La Suite”. El lujo con el que se suele adornar a este tipo de viviendas es solo, eso sí, para los clientes, ya que las mujeres víctimas de la explotación sexual suelen dormir hacinadas en literas o pequeñas camas en estancias que nada tienen de opulentas.
Aunque la clausura ya estaba acordada desde enero y la Audiencia, concretamente la Sección Quinta de Vigo, confirmó ese cese temporal en un auto judicial firme con fecha de este pasado 15 de marzo, las fuentes consultadas indican que la ejecución formal del precinto se realizó ayer en Tomás Alonso y Ricardo Mella ya que, en su momento, al haberse acordado también con respecto a más inmuebles, no se pudo hacer en todos. No trascendió si en los últimos meses se habría siguiendo explotando a mujeres de forma clandestina. “Últimamente no noté ningún movimiento, iba una señora a limpiar”, afirmaba ayer una vecina de Tomás Alonso, que comentó que la comisión de la Policía Nacional que puso el precinto estuvo “bastante tiempo” en el chalé.
Varios delitos
Esta causa que investiga Instrucción 3 contó recientemente con las comparecencias judiciales de varias testigos protegidas. La resolución de la Audiencia que ratificó la clausura afirma que de lo relatado por las mujeres se desprenden “indicios” de la comisión de delitos tales como trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o contra la salud pública. Este último porque, según informó en su día la comisaría viguesa, junto a la prostitución en los chalés también se traficaría con estupefacientes, lo que incrementaba los beneficios económicos obtenidos por la organización. De hecho, en los registros los agentes se incautaron de cocaína “preparada para su distribución y consumo”. Los proxenetas se valían supuestamente de un entramado de sociedades para explotar los prostíbulos.
