Las subidas de las facturas del gas y de la luz en los últimos meses han afectado a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Y las comunidades de vecinos obviamente no se están librando de ellos. Es más, los efectos de la escalada de precios están dejando auténticos agujeros en las cuentas comunitarias. “Tenemos varios casos con deudas de más de 20.000 euros, especialmente en aquellos edificios que utilizan gas natural. Y tenemos claro que la situación empeorará tras Semana Santa”, explica Roberto González, administrador de fincas en Segurcom, en Vigo. Se refiere concretamente a que tras estos días empezarán a llegar los recibos del último período invernal, cuando más se utilizó la calefacción, por lo que se esperan cuantías muy elevadas que engordarán todavía más esas deudas que algunas comunidades de vecinos están contrayendo.
El incremento desde que los precios empezaron a subir es de un 40%, con recibos que en grandes comunidades de propietarios incluso llegan a los 10.000 euros. Este fenómeno se está produciendo en aquellos edificios con viviendas que carecen de contadores individuales. Para intentar contener los precios, los administradores trasladaron a los propietarios la necesidad de limitar los horarios de la calefacción. Y obviamente en las cuentas comunitarias no hay dinero suficiente para pagar todas esas cantidades, por lo que tienen que convocar juntas extraordinarias de propietarios para aprobar derramas y abonar esas facturas. El problema es que esto no es algo inmediato, requiere de un proceso y del acuerdo de los vecinos, por lo que mientras tanto la deuda sigue subiendo. Y además la celebración de juntas de forma presencial estuvo prohibida hasta el 31 de diciembre del año pasado debido a las restricciones a causa de la pandemia, algo que retrasó todavía más la adaptación a la nueva situación.
Hay que recordar además que las comunidades de propietarios con calefacción centralizada de gas natural se consideran grandes consumidores, por tener un consumo igual o superior a los 50.000 kilovatios anuales, por lo que solo pueden contratar el suministro de gas en el mercado libre, no pudiendo elegir el regulado, “que es más flexible”. Esto es, se les aplica la tarifa reservada a uso industrial, pese a que el destinatario final de ese servicio es el usuario de una vivienda, que tiene como principal finalidad la habitabilidad y el confort del hogar. Esta circunstancia está suponiendo un auténtico handicap para las cuentas comunitarias.
“Esperemos que las bajadas de precios que prometieron también lleguen a nosotros”, apunta Roberto González. Los administradores de fincas vienen reclamando desde hace tiempo al ejecutivo central que permita a las comunidades de propietarios que puedan cambiar su tarifa de gas o, a menos, que reduzca el IVA o el impuesto de hidrocarburos, de igual forma que se ha hecho en el recibo eléctrico. Para hacer frente a la subida en las facturas, algunos administradores de fincas, en las comunidades que podían hacerlo, recomendaron a los vecinos un cambio en la compañía eléctrica para recurrir a un tipo de tarifa menos costosa.
Mientras tanto, la morosidad entre los propietarios continúa aumentando. “Los que ya debían de antes, ahora deben todavía más. Tenemos casos de personas que llegan a adeudar hasta 7.000 euros a la comunidad”, explica este administrador de fincas.
