Uno de los motivos de extinción de una concesión portuaria es la liquidación de la empresa titular de ese derecho de usufructo. Y es lo que sucedió en julio de 2019, cuando la desaparecida Factorías Vulcano SA decidió poner fin a cien años de historia en el juzgado de lo Mercantil. En ese mismo momento, la concesión de la Autoridad Portuaria de Vigo, por 25.090 metros cuadrados con lámina de agua, volvió a manos de Praza da Estrela. Es lo que siempre defendieron tanto el expresidente de la institución Enrique López Veiga como su sucesor, Jesús Vázquez Almuiña. Pero tuvo que ser el Supremo –a través del tribunal de conflictos de jurisdicción, y con un informe de Abogacía del Estado– el que pusiera fin a un litigio azuzado por patronales y sindicatos. Ahora, casi tres años después, el Tribunal Superior de Galicia ha finiquitado el debate: la concesión caducó, y ni la administración concursal de Vulcano ni la empresa que compró sus activos, Marina Meridional, están legitimadas para revertirlo.
Así consta en una sentencia dictada el 22 de marzo, a la que ha tenido acceso FARO, y firmada por los magistrados José Antonio Parada, Julio César Díaz, Antonio Martínez y María Azucena Recio (presidenta de este tribunal). “Hemos de coincidir con el Abogado del Estado que la administración concursal –ejercida por Diego Comendador y Emilio Rodríguez de Dios– carece de legitimación para promover el presente recurso”. El TSXG ha impuesto las costas a la parte recurrente. En esencia, es un fallo que ratifica los postulados del Puerto vigués, pero no modifica el actual escenario. Astilleros San Enrique, una de las filiales de Marina Meridional, fue la única compañía que concurrió al nuevo proceso concesional de los mismos terrenos –a excepción de una pequeña parte, que los recuperó la autoridad portuaria– con el objetivo, no consumado de momento, de recuperar allí la actividad de reparación y construcción naval.
En todo caso, y como advirtió FARO, Marina Meridional compró la unidad productiva de la antigua Vulcano con la advertencia explícita de que la titularidad de la concesión estaba en el aire, y que podían perder la salida al mar. En la cláusula quinta de la escritura de compraventa, el grupo presidido por el veterano José Alberto Barreras (exaccionista de la propia Vulcano, Pescanova o Pebsa), figuraba la siguiente advertencia: “como quiera que la Autoridad Portuaria ha presentado reclamación judicial sobre la titularidad de la concesión administrativa citada, en el supuesto de que dicha Autoridad obtuviera judicialmente la pretensión reclamada, ésta no afectará a la perfección de esta compraventa, entendiéndose perfecta y válida, si bien la concesión no formaría parte de los activos de la unidad productiva objeto de compraventa”. Marina Meridional trató de excluir esta cláusula del contrato, pero finalmente la firmó.
Es más, el 21 de noviembre de 2020, el propio José Alberto Barreras, que ahora litiga contra la extinción de la concesión, escribió por correo electrónico a los administradores concursales que aceptaba el riesgo. “Mantenemos íntegramente el precio de 7.852.000 euros aceptado ya por el Juzgado, tanto si la futura concesión es la que hoy tiene Vulcano a su nombre y que vence en el año 2027 y que sería la que vosotros nos escrituraríais, como si en el futuro conseguimos a nombre de Astilleros San Enrique una nueva concesión a más largo plazo. El precio no se toca”, como figura en la documentación entregada al juzgado y analizada por este periódico.
Sin posibilidad de ganar más terreno
La sentencia del TSXG es importante, pese a que Astilleros San Enrique se quedó finalmente con buena parte de los terrenos concesionados de la antigua Vulcano. Cuando la Autoridad Portuaria sacó ese espacio a concurso, se quedó con unos 7.000 metros cuadrados, de modo que los pliegos se redactaron para explotar 18.000 metros cuadrados de espacios portuarios. Este achicamiento provocó que la auxiliar del naval Vicalsa, por ejemplo, desistiera de optar a la nueva concesión, al considerarla escasa en superficie. Con este fallo, Astilleros San Enrique no podrá aspirar a hacerse con más metros cuadrados.
Ahora bien, la reactivación de los trabajos de reparación y construcción naval en esas instalaciones todavía es una tarea pendiente. La compañía ha perdido a su director general, José María Soriano, que ha dejado el grupo, si bien ha incorporado al equipo comercial a un exdirectivo del naval vigués. Tampoco cuenta con apenas plantilla y, aunque la dirección aseguró que se trataba de materiales inservibles, trabajadores denunciaron que se les encomendaron tareas de desguace en algunas de las naves para hacer liquidez con la venta de chatarra.
