Desde hace años, los desahucios por impago de alquileres copan la práctica totalidad de los lanzamientos que llevan a cabo desde el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, emplazado en el Casco Vello. Como excepción, tramitan también ejecuciones hipotecarias instadas por los bancos o nuevos propietarios. La novedad que se ha encontrado el personal es que estas viviendas estaba ocupadas, y no ilegalmente, sino bajo la vigencia de contratos. “No son la gran mayoría pero sí nos ha llamado la atención que nos hemos encontrados con casos de ejecuciones hipotecarias de sociedades que tenían los pisos arrendados”, cuenta el letrado judicial de este servicio, Fernando Varela.
Validez del contrato
¿Cómo es el proceder en estos casos? El contrato tiene la clave. “Nosotros, al comprobar que la casa está ocupada suspendemos la ejecución y damos aviso al juzgado. Antes de que se produzca el lanzamiento, los ocupantes deben justificar la validez de su contrato. Si es válido, nosotros ya no actuaríamos, es más los inquilinos deben seguir pagando su renta al nuevo propietario y si, por la contra, se considera que no es un contrato válido sí procederíamos al desalojo”, relata Varela.
Moratoria
A pesar de la moratoria que el Gobierno impuso para proteger a las familias más vulnerables –y que se ha prorrogado en varias ocasiones, la última hasta septiembre de 2022–, estos desahucios siguen practicándose ya que debe alegarse una situación justificada para que el procedimiento se detenga. “Es verdad que hay una moratoria hasta septiembre, pero eso no significa que todos los lanzamientos tenga que ser pospuestos hasta septiembre. El juzgado puede decretarlos por uno, dos o tres meses; dependiendo de la situación”, señala el letrado judicial.
Servicios sociales
Los motivos principales que justifican esta suspensión están, por un lado en la intervención de Servicios Sociales o los acuerdos. “Sí tenemos muchas suspensiones y cada vez son más las familias que tienen que solicitar la intervención de Servicios Sociales, estará en torno al 30% de los casos. En otras ocasiones llegamos y ya nos avisan de que los inquilinos entregaron directamente las llaves o que han llegado a un acuerdo con su casero. El gran problema de estos procedimientos es precisamente este, que se suspenden muchos, igual dos o tres veces, hay muchísimas suspensiones y un mismo caso llegamos a señalarlo varias veces”, matiza Fernando Varela.
Medio año para el lanzamiento
Con todo, el tiempo medio de un lanzamiento, sin suspensiones de por medio, está en torno al medio año, desde que se presenta la demanda hasta que el juzgado ordena el desalojo. “Desde que tiene lugar la vista hasta que nosotros señalamos el día no pasan mucho más de quince días. Vigo es bastante rápido para los señalamientos”, apremia el letrado judicial.
132 desahucios desde enero
Durante este primer trimestre de año, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos realizó 132 lanzamientos, casi una docena más que los que ejecutados a finales de año (118).
A mayores de esta función, el servicio se encarga también los embargos judiciales, que posteriormente saldrán a subasta para cubrir con los pagos del embargado.
Habitualmente se trata de saldos en cuentas, nóminas o incluso devoluciones de hacienda. También bienes inmuebles como viviendas o pisos, no tanto coches o muebles por su escaso valor. En estos primeros tres meses de año fueron 133 los realizados, cifra muy parecida a la del mismo periodo del año pasado (137).
