El Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que decretó la nulidad del acuerdo del gobierno local y su Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello de Vigo en la zona de La Panificadora que daba cobertura a la rehabilitación del inmueble. Así lo concretó el alcalde, Abel Caballero, que lanzó un mensaje a los "especuladores" y al PP y BNG, que les dieron la edificabilidad: "No van a poder con esta ciudad".

"Esta sentencia no me genera ninguna preocupación, no es más que una cuestión de forma. No dice que avala la especulación, sino que la forma tiene que ser otra. Veremos qué dice el Supremo. Contemplamos el blindaje total a través del nuevo PXOM, al que le queda un año o poco más de un año para que el Concello lo apruebe definitivamente; después, tiene que ser validado por la Xunta", apuntó el regidor, que aseguró que no habrá prácticamente retraso en la recuperación de esta joya industrial.

"Señala que la fórmula usada para la reforma no era la adecuada, se tiene que usar otra. El TSXG atendió el recurso de una parte de los propietarios y señala que la vía no es la adecuada. Tenemos serias discrepancias, se recurrirá en casación al Supremo. Nosotros creemos que sí es la vía correcta. La sentencia blinda que no se derriba ningún edificio, entra en la forma. Los que recurren son los que están en el pelotazo urbanístico, no queremos que se tire y se edifiquen ocho plantas, queremos conservar La Panificadora", apostilló.

En una resolución del 4 de marzo pero publicada ayer, la segunda sala del Contencioso Administrativo falla a favor de Promociones Montelouro, copropietaria de la antigua Panificadora y que demandó el acuerdo de Urbanismo al pasar de una edificabilidad cercana a los 21.950 metros cuadrados gracias a un convenio firmado por el entonces alcalde, Lois Pérez Castrillo, a cero.

Esto se debe a que el nuevo proyecto impulsado por Zona Franca y gobierno local para el edificio solamente contempla usos públicos y la conservación de todo el edificio integrándolo en su entorno. En el texto, los tres magistrados consideran que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa ya que la modificación del PEPRI recoge la localización de sistemas generales y equipaciones públicas, cuando esas determinaciones corresponden al Plan General.

Por tanto, estiman que el Concello debería haber realizado una modificación puntual en el PXOM de 1993 en vigor tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del aprobado en 2008. Asimismo, señala que en la modificación puntual del PEPRI aprobada el 21 de diciembre de 2020 no se define si los nuevos equipamientos incardinan dotaciones de un sistema local o general. Al respecto, señala que esa ausencia de definición es “del todo injustificable” en un ámbito de suelo urbano consolidado como este.

La sentencia no elimina la protección especial de la que gozan desde el inicio del proceso los tres silos ni la que se incorporó al resto de la estructura con esta modificación en virtud de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Además, carga sobre el consistorio y la Sareb –ambas codemandadas– las costas de 1.500 euros del proceso. El Concello ya ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en los informes remitidos por la Xunta que acreditaban la legalidad de esta modificación y su propia autonomía.

Críticas del PP y apoyo de Marea y BNG

El dictamen, según el portavoz municipal del PP, Alfonso Marnotes, "pone de relieve las consecuencias de la anulación del Plan Xeral, que mantiene al urbanismo vigués en un limbo desde 2008”. Responsabiliza a Abel Caballero de la anulación del PXOM al "retrasar su aprobación atendiendo a intereses políticos y partidistas del PSOE". El PP solicita un consejo extraordinario y urgente de la Gerencia de Urbanismo.

Marea de Vigo traslada “todo su apoyo al gobierno local y a la Gerencia de Urbanismo”. Para la formación, es "una obviedad" que, detrás de la sentencia del TSXG que anula la modificación del PEPRI del Casco Vello en el ámbito de la Panificadora, "revestida" con la carencia de aprobación de una modificación puntual del PXOM del 1993, "no hay ningún interés en que se cumpla una norma urbanística, ni sobre el propio proceso administrativo, sino el interés especulativo de los propietarios privados de los terrenos de La Panificadora" señala Rubén Pérez, portavoz del grupo.

El BNG pide al gobierno municipal de Vigo que actúe con “firmeza y agilidad” para impedir que los intereses especulativos supongan un freno a la conservación y restablecimiento para uso público de La Panificadora. El frente nacionalista reitera su apoyo a la decisión del Concello de Vigo de apostar por la recuperación de este espacio.