Las previsiones del sector inmobiliario vigués empiezan a cumplirse. Si en la primera semana del año las agencias pronosticaban el precio medio del alquiler para el comienzo de la primavera en 600 euros, tal y como recogió FARO, esta cifra ya ha sido superada. En el mes de marzo, el arrendamiento de una vivienda habitual de dos habitaciones (70 m²) ha cerrado en 630 euros, según el último informe de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). La nueva medida aprobada por el Gobierno esta semana fija una limitación a las subidas de los precios de los alquileres a un máximo del 2% en el marco de su plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. El decreto, que entró ayer en vigor, está siendo muy cuestionado por los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario, que auguran un trasvase de los alquileres de viviendas habituales al sector turístico.
Un parque que no para de crecer –en Galicia hay 3.500 inmuebles destinados al alquiler tradicional y 14.000 al alojamiento estacional–. “Sin duda, esta nueva medida derivará en un trasvase de pisos que se encuentran en el circuito del alquiler a viviendas turísticas que ya ahora triplican a las tradicionales. Además, generará tensiones entre propietarios e inquilinos que no existían”, subraya Benito Iglesias, presidente de Fegein.
El tope del 2%, que afectará a todos los contratos que tengan que actualizarse entre el 1 de abril y el 30 de junio y que, hasta el momento, no tiene carácter retroactivo, ha caído como un jarrón de agua fría en el sector inmobiliario olívico, ya de por sí contraído por la falta de vivienda en arrendamiento. Con una inflación adelantada del 9,8%, inmobiliarias y propietarios se encuentran “sin margen” para sacarle rentabilidad a sus rentas. “Es perjudicial. No bajan impuestos, no bajan el IVA. Únicamente intervienen precios y penalizan al propietario de viviendas en alquiler en un contexto de una inflación descontrolada. Habrá menos oferta entorno a junio y volverán a subir”, destaca.
Adelantándose a Sánchez
En la ciudad se han producido ya acuerdos bilaterales entre propietarios e inquilinos para contener el alza de las rentas. Los nuevos contratos que se firmaron en el último trimestre de 2021 ya incluían entre sus cláusulas un límite del 3% las subidas en las revisiones anuales del alquiler. “Cuando el IPC empezó a subir muchos inquilinos exigieron que se especificara este límite, que los propietarios, en su mayoría, aceptaron”, explica César Abrain, agente de la inmobiliaria Rosalía de Castro.
La segunda pata del decreto es la posibilidad de acuerdo en la subida del alquiler entre propietario e inquilino. Por ejemplo, en una subida de la renta en un 5%, si ambas partes firman el incremento, será legal. De no existir entendimiento, primará la norma del decreto situada en el 2%. “La nueva medida en Vigo afectará a la gente mayor que concentra la mayoría de sus ingresos en las rentas de los alquileres, porque, por ahora, los propietarios no están subiendo los alquileres con el IPC, están aguantando”, señala. Otra de las consecuencias que avanzan las agencias es la más que probable ola de reclamaciones ante las situaciones de conflicto o desigualdad que emanen de la limitación del precio del arrendamiento. “Toda nueva medida que se aprueba y aplica rápido tiene lagunas que, como en muchos otros casos, se resolverán en los juzgados y de ahí se irá generando jurisprudencia. Será susceptible de muchas reclamaciones ya que habrá muchos perjudicados”, advierte Verónica Rodríguez, abogada del departamento jurídico de Remax Balaídos. Además, temen que el decreto pueda prorrogarse como “el de la prohibición de los desahucios en la época COVID, que ya dura dos años”.
