Hace poco más de un año saltaba la detención del que había sido durante 36 años presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, y su familia –su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía– por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales. La denuncia estimaba un desfalco de más de diez millones de euros.
Desde entonces, el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo al frente del caso designó a dos administradores judiciales para reorganizar las cuentas del Colegio y ponerse al frente del mismo. Inicialmente, su designación estaba fijada en seis meses, pero se acordó su prórroga para continuar con sus informes sobre el supuesto desfalco en las cuentas del organismo.
Esta ampliación de la vigencia de los administradores en el Colegio fue recurrida por los propios investigados en el proceso penal, en libertad provisional desde el pasado mes de julio. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de desestimar la apelación y mantiene al frente del Colegio a los administradores judiciales.
En su auto del pasado 3 de marzo, el tribunal entiende por un lado, que la interposición de esta prórroga se realizó en tiempo –es decir, dentro del primer periodo de designación–. Por otro lado, los recurrentes también incidían en que era “improcedente” que esta medida se impusiese también a las empresas vinculadas al Colegio –Galaprint, Gestión Jurídica Gallega, Instituto Galego de Formación Sanitaria, IGAF–, y sobre las que, según la investigación, giraría el presunto blanqueo de capitales. El tribunal también desestima este motivo asegurando que “vista la vinculación entre las sociedades meritadas con los principales presuntos responsables de los hechos objeto de estas actuaciones, y de conformidad con la regulación prevenida en la LEC, no se observa extralimitación alguna en la medida acordada respecto de aquellas sociedades”, esgrime el auto.
Estas “actuaciones” a las que hacen referencia los magistrados apunan a que se “habría producido salidas de fondos hacia las mismas; manifestándose por la resolución dictada por este tribunal de fecha del 14 de abril, como se apuntaba a una condición de testaferros de los principales acusados de los responsables de estas nuevas sociedades”.
La causa continúa en proceso de investigación si bien fuentes próximas al caso precisan que solo resta la última valoración de los administradores judiciales para el fin de la instrucción tras la toma de declaración a múltiples testigos e informes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
