La litigiosidad sin freno de los fondos buitre, el aluvión de demandas de tarjetas revolving o microcréditos y los pleitos por las cláusulas abusivas de las hipotecas dispararon la carga de trabajo en los juzgados de Primera Instancia de Vigo. Los 12 tribunales que llevan asuntos civiles ordinarios –no se contabilizan los especializados en Familia– registraron en 2021 la friolera de 18.600 nuevos procedimientos, que se unieron a los casi 12.000 pendientes de resolver que acumulan debido al atasco que sufren.

Con una sala de refuerzo en funcionamiento, la petición que reiteraron los jueces vigueses es la creación en la ciudad de dos nuevos tribunales de esta especialidad. Y esta solicitud ya tiene por fin un respaldo formal, porque la puesta en marcha de un nuevo juzgado civil en Vigo es una de las demandas que la Comisión Mixta formada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Xunta plantearán formalmente al Ministerio de Justicia para la comunidad gallega.

La comisión, presidida por el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, acordó concretamente solicitar al ministerio siete nuevas unidades judiciales para Galicia en 2022, petición a la que se añade dos plazas de magistrado en secciones de audiencias provinciales, así como un juez de adscripción territorial (JAT) para la provincia de Ourense.

El Gobierno aún no comunicó el número de unidades judiciales que prevé crear en la comunidad este año, pero la Comisión Mixta ya elevó su propuesta y demandará, por este orden (la petición para Vigo está en quinto lugar), los siguientes órganos judiciales y plazas: un juzgado de Primera Instancia en Lugo, un magistrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, otro en idéntica sección de la de Pontevedra, un juzgado de Primera Instancia en A Coruña, el de Vigo, el JAT para Ourense, un tribunal de lo Social en Ferrol y nuevos juzgados mixtos en Ribeira, Vilagarcía y Viveiro respectivamente.

“De las unidades que la Sala de Gobierno considera necesarias para la comunidad se han priorizado las que tienen mayor carga de trabajo estructural; es decir, no motivada por una situación coyuntural que puede ser solucionada con refuerzos temporales”, afirma el TSXG. También se valoró el criterio de la pendencia de asuntos. Fuentes judiciales valoraron positivamente la propuesta para Vigo. Aliviaría “la elevada carga de asuntos civiles” y además no habría problemas de espacio para ubicar la sala dado que el traslado a la Ciudad de la Justicia está ya más próximo.