La decisión de Teresa Ribera de dar carpetazo a la conexión de Stellantis Vigo a la red de Muy Alta Tensión ha caído como un gran jarro de agua fría en la factoría de Balaídos. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico cierra la puerta a un proyecto del polígono vigués que hubiera puesto fin a una década de pérdidas de producción en por los microcortes de tensión y que le permitiría competir en igualdad de condiciones con otras fábricas.
Las alegaciones de Stellantis para no dejar caer el proyecto se basaban en tres argumentos:
- La infraestructura ya fue aprobada por el propio Ministerio en 2015.
- La conexión a la red va en línea con el esfuerzo que está acometiendo la Administración central para impulsar el coche eléctrico y la descarbonización de la economía.
- Moncloa ya autorizó un proyecto similar para un laboratorio catalán en 2009.
El Gobierno, por aquel entonces capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una conexión de 220 kilovoltios (la misma potencia que reclama Stellantis desde 2013) al laboratorio de luz Sincrotrón Alba en Barcelona, una decisión que se justificó entonces por la necesidad de un suministro eléctrico de alta calidad y fiabilidad, pese a que la potencia de suministro a demanda era en este caso muy inferior a la que exigía el Ministerio para autorizar este tipo de infraestructuras.
El caso es similar al de Vigo. Stellantis necesita una mayor fiabilidad en el suministro porque la red actual de distribución que llega a Vigo, de 132 kV, no es capaz de evitar unos huecos de tensión en épocas de tormenta que provocan graves daños en la planta, un problema que se resolvería con el enganche a la red MAT de Atios-Pazos. A la postre, esos huecos de tensión, que duran microsegundos, se traducen en averías y pérdida de producción en una planta cada vez más automatizada.
Un Proyecto apoyado por la Xunta, el Concello y la Zona Franca
Ni la unidad de toda la industria del automóvil, con más de 23.000 empleos directos y responsable de un tercio de las exportaciones gallegas, ni el apoyo al proyecto de Xunta, Concello y Zona Franca han hecho cambiar de opinión a la ministra Teresa Ribera, que ya el pasado enero, en una visita a Galicia, advertía que Stellantis estaba “muy lejos” de cumplir los requisitos de potencia exigidos para desbloquear esta inversión, pese a que los informes remitidos al Ministerio por la propia multinacional recogen que este mínimo se alcanzará en los próximos años, con la electrificación de la gama de vehículos del centro. Ribera dejó entonces una puerta abierta a la esperanza al afirmar que “tenía una reunión pendiente con Stellantis” antes de tomar una decisión definitiva, reunión que, según ha podido saber este periódico, no se ha llegado a celebrar. “Ni nos han contestado”, reconocían ayer desde Balaídos, donde la incredulidad por el carpetazo a un proyecto crucial para fijar esta industria en Galicia crecía por momentos. Ni Stellantis ni la Xunta, que presentaron alegaciones para volver a incluir Novo Vigo 2020 en el calendario de Red Eléctrica de España, fueron informados de que sus peticiones han sido rechazadas.
La infraestructura, como han reconocido expertos en redes eléctricas de la Universidad de Vigo, beneficiaría no solo a la planta de Balaídos, sino a toda la ciudad, ya que una red de 220 o 400 kV es mucho más fiable y sufre menos apagones y caídas de tensión. De hecho, Vigo es la única ciudad española de más de 250.000 habitantes que sigue conectada a la red de 132 kV. El resto opera a 220 o 400 kilovoltios.
¿Qué está en juego con este proyecto?
Según Stellantis, la competitividad del sector de automoción y, por extensión, “su permanencia en Galicia”. “No acometer esta infraestructura penaliza nuestra actividad en Vigo, ya que nos posiciona en clara desventaja respecto a otras implantaciones industriales en un momento de transformación de la automoción a nivel global en el que la eficiencia y la competitividad condicionan todas las decisiones de inversión”, advirtió el grupo hace un año, en plena tramitación del plan de redes eléctricas.
