A lo largo de la última década varios hitos condicionaron las cifras de actividad judicial en Vigo. La ciudad olívica vivió épocas en las que sus tribunales llegaron a alcanzar la friolera de 100.000 asuntos anuales. A ese récord ayudó sin duda la severa crisis económica de 2008, pero esas cifras ya son historia y difícilmente volverán a repetirse. El motivo clave hay que buscarlo en las reformas penales que han logrado reducir de forma drástica la carga de trabajo en las salas de Instrucción, las que se encargan de investigar los delitos y las que antaño engrosaban sobremanera la estadística general. Tras varios años en los que superados los efectos de la recesión el balance anual osciló entre los 77.000 y los algo más de 80.000 procedimientos, en 2016, de la mano principalmente de esos cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la suma de causas judiciales totales bajó a las 55.000. Una media que se ha perpetuado desde entonces, aunque hay que citar dos acontecimientos que desplomaron de forma puntual los pleitos por debajo de los 50.000 anuales: los 49.939 contabilizados de 2018 a causa de la huelga protagonizada por los funcionarios judiciales o los 47.618 de 2020, cuando la actividad estuvo meses paralizada debido a la pandemia del coronavirus.
¿Cuál es la situación actual? Pues, tras recuperarse del parón provocado por el COVID, los juzgados vigueses registraron en 2021 algo más de 52.000 procedimientos. Son casi un 10% más que en el año de la pandemia y unas cifras que, aunque sin alcanzarlas todavía, se parecen más a las habituales de los últimos ejercicios. La jurisdicción civil –22.751 casos– y la penal –22.216– son las que suman más litigios. Después está la laboral –6.480– y por último la contencioso-administrativa, la de las demandas contra las administraciones, en la que entraron solo 816 pleitos.
La estadística hecha pública ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencia que, junto este regreso a la normalidad en lo que se refiere a los asuntos registrados, otro dato destacado es que los jueces fueron especialmente resolutivos, ya que dieron salida a un 16% más de causas que en el ejercicio anterior en el que se vieron condicionados por la parálisis del coronavirus: resolvieron 53.107 procedimientos frente a los 45.797 de 2020.
Atasco
Pero pese a este incremento de productividad, todavía no se ha podido deshacer al gran atasco de casos que están a la espera de ser resueltos. Hubo un ligero descenso, sí, pero siguen situándose por encima de los 20.000 (concretamente 20.940), un número demasiado abultado si se tiene en cuenta que en Vigo, en condiciones normales, no se superaba la barrera de los 13.000. El colapso está situado sobre todo en las salas de Primera Instancia: los motivos son el alza de litigiosidad experimentada en los últimos años de la mano de los fondos buitre y las tarjetas revolving, junto a la avalancha de pleitos de cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias, demandas que han creado un tapón del que los tribunales, pese a las medidas de refuerzo, aún no han logrado recuperarse.
Lo que es cierto es que tanto en un análisis general como en otro más detallado por jurisdicciones se evidencia que, al menos por ahora, no se ha producido ese espectacular alza de litigiosidad que se vaticinaba como consecuencia de los efectos económicos y sociales del coronavirus. Pero sí se constata que en las jurisdicciones más sensibles a las crisis económicas hubo un aumento de actividad. Los más de 18.600 asuntos registrados por los juzgados de Primera Instancia son la cifra más alta de esta especialidad en Vigo en toda una década. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) mostró su apoyo a la creación de un nuevo órgano judicial de esta materia. Y los 6.480 que sumaron los tribunales de lo Social se constituyen como el número más alto desde 2013, cuando en estas salas laborales aún se sentían los coletazos de la crisis de 2008. La evolución en los próximos meses resultará clave para constatar si esta tendencia se mantiene o no.
