La Axencia Galega de Infraestruturas, dependiente de la Xunta de Galicia, ha emitido un informe esta semana en el que le niega al Concello el 86,6% de la financiación del vial que pretende unir la Estrada Clara Campoamor con la A-55 y que está proyectado en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. De esta forma, la Administración gallega se sale de la ecuación del polémico proyecto que está presupuestado en 98,7 millones de euros, de los cuales, el Concello pretendía que la Xunta pagase alrededor de 85,5 millones.
Los argumentos que esgrime la consellería de Ethel Vázquez para denegarle el presupuesto al Concello se fundamentan, principalmente, en el trazado intramunicipal de la también conocida como Rolda A Barxa – Baruxáns. En el informe, al que ha tenido acceso en exclusiva FARO, se puede leer: “Se trata de un vial que diseñó el Concello de Vigo, que discurre únicamente por este término municipal y que tiene una funcionalidad eminentemente local”. A continuación, Infraestruturas reprocha: “En el Plan Sectorial Viario Integral Área de Vigo (Plan Vigo Íntegra), que no llegó a aprobarse, se contemplaba esta actuación de prolongación de la carretera autonómica PO-010, pero como parte de una actuación mayor de carácter supramunicipal, que conectaba la autopista AP-9 al norte de Vigo con el Porto do Molle en Nigrán, circunvalando el casco urbano de Vigo y configurándose como una alternativa a la carretera autonómica PO-552”.
1-Solo un 13,4% de la financiación acordada
Al salirse la Xunta de la ecuación de la ejecución de la obra, el Concello solo tiene garantizado el 13,4% del presupuesto a priori necesario.
2-¿Es viable conseguir un nuevo costeador?
La Xunta le recomienda al Concello que si quiere mantener la viabilidad económica, se busque a otra administración que lo pague.
3-Un proyecto para ejecutarse a 18 años
Según la documentación aprobada por el Pleno, el nuevo vial se ejecutaría en al menos 18 años.
Sin embargo, esa actuación a la que se refiere la Consellería no está proyectada y el trazado que sí lo está fue “diseñado sin la participación de la Xunta”. Y aclara: “La actuación de prolongación de la carretera autonómica PO-010 recogida en el PXOM remitido (...) tiene un alcance mucho menor y constituye un vial interno del Concello de Vigo, sin funcionalidad dentro de la red autonómica de carreteras de Galicia y cuya financiación no debe imputarse a la Administración autonómica”.
Se plantea, por lo tanto, un escenario incierto para el futuro del nuevo vial. Según el estudio económico del PXOM, aprobado por el Pleno del Concello, solamente 4,5 millones saldrían de las arcas municipales y otros 8,6 millones de agentes urbanizadores privados. Es decir, solo el 13,4% del presupuesto de la obra está, a día de hoy, garantizado.
De esta forma, la Administración gallega le presenta al Concello tres alternativas si quiere mantener en pie el proyecto que prevé desarrollar en al menos 18 años: imputarle la financiación de las actuaciones a alguna otra administración que se comprometa a asumirlo; imputarle la financiación de las actuaciones directamente a la administración municipal; o adscribir la ejecución o la financiación de las actuaciones a los distintos desarrollos urbanísticos que se prevén en su entorno inmediato.
Nuevo proyecto
Sea la que fuere la decisión del Concello, la Xunta advierte de que tendrá que pasar de nuevo el examen de la Axencia Galega de Infraestructuras. “El documento urbanístico del Concello de Vigo que incorpore los cambios necesarios para dar cumplimiento al recogido en el informe emitido por la Axencia Galega de Infraestruturas deberá ser sometido de nuevo al informe de este organismo autonómico”, reza el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Este vial, cuya financiación está ahora en tela de juicio, ha sido una de las dotaciones previstas que más ha sido discutida por los vecinos de Beade, Castrelos, Matamá y Valadares. Tanto es así, que según la Plataforma de afectados polo vial de Beade (Avibe), “todas” sus 2.896 alegaciones están referidas “de un modo u otro” a los “daños que producirá” la nueva ronda. “Las alegaciones versan sobre expropiaciones, cambios de categoría del suelo, peligros para la flora y la fauna, etcétera”, confirman desde Avibe.
Es decir, al menos el 65% del total de las alegaciones recibidas en el periodo de exposición pública tienen que ver con este trazado. Aunque fuentes de las más de diez plataformas de afectados y asociaciones de vecinos de Vigo movilizadas proyectan porcentajes mayores.
Durante la pasada semana, en rueda de prensa, la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, enfrió cualquier tipo de alternativa a la creación del vial. Aunque dijo que estudiarán con detenimiento todas las alegaciones, categorizó como “estratégica” la creación de la ronda, hecho que el alcalde, Abel Caballero, suscribió señalando que este Plan Xeral tiene una “amplísima aceptación social”.
