La complejidad a la hora de encontrar empleo, el elevado precio de los alquileres y la situación de pandemia dejó a más de un inquilino con las manos atadas para poder hacer al pago de la renta mensual del piso. La moratoria a los desahucios favoreció a que muchas personas vulnerables no se quedasen en la calle pero también puso entre las cuerdas a los propietarios cuya única fuente de ingreso son precisamente el arrendamiento de sus viviendas.
Seis meses sin ingresos
Y es que a pesar de que no se estila ya la negociación con el arrendador para ordenar un reajuste en el precio del alquiler, son varios los meses que espera, primero para presentar la demanda de desahucio y, posteriormente, a su ejecución. “Muchos de los propietarios llevan más de seis meses esperando para el desalojo. Para ellos también supone una situación muy compleja porque en muchos casos son su única fuente de ingreso”, explica Fernando Varela, letrado judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Impagos de hipoteca
Varela reconoce la especial vulnerabilidad de los inquilinos en estos desahucios –ya que en buena parte de los casos intervienen Servicios Sociales– pero también es conocedor de las repercusiones que puede tener para el casero. “Nos han venido personas explicando que sin el ingreso del alquiler no puede hacer frente a su hipoteca y pueden acabar también desahuciados. Es la pescadilla que se muerde la cola”, amplía.
Más de año y medio de trámite
Recuerda el letrado judicial que en el pasado ejercicio procedieron a la ejecución de un desalojo que llevaba en trámite más de un año y medio. “El señor era fontanero en paro y la mujer ama de casa; el alquiler era su única fuente de ingresos. Lo estaban pasando realmente mal”, relata Fernando Varela.
Ampliación de la moratoria
Lo cierto es que actualmente sigue vigente la enésima moratoria contra los desahucios para aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, los juzgados de Primera Instancia que reciban la demanda ya avisan al Servicio Común que fije la fecha para el lanzamiento después del 28 de febrero, fecha límite de este aplazamiento que, en palabras de Varela, augura una nueva ampliación. “No son muchos los que tenemos todavía sin señalar, pero sí los juzgados civiles ya nos dieron aviso para que los pospongamos a la nueva moratoria”, explica el letrado de la Administración de Justicia.
Casi 500 desahucios
Así, al cierre de este pasado 2021, el servicio judicial del Casco Vello practicó 488 lanzamientos, casi un centenar más de los contabilizados el ejercicio pasado (390).
En cuanto a los embargos, la cifra se equipara a la de los desalojos, con 485, cifra que no se registraba desde 2016. A tenor de las estadísticas de este servicio, son los embargos las diligencias que más han caído en la última década. Y es que en 2012 se registraron más de 1.200; el triple de las actuales.
Embargos
¿Y qué se embarga? Preferentemente las cuentas bancarias, el sueldo, bienes inmuebles y las devoluciones de Hacienda. “Raramente se embargan coches u otros bienes, ya que no salen bien a subasta y su valor es bajo”, reconoce Varela.
Precariedad
Estas labores se suman al grueso del trabajo de este servicio: las notificaciones de cientos de resoluciones o requerimientos judiciales. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Vigo extiende su actividad a toda la demarcación judicial, que incluye además de la ciudad olívica los municipios de Nigrán, Gondomar y Baiona, hasta donde se desplazan los funcionarios cada vez que resulta necesario.
La falta de medios técnicos como vehículos dificulta por completo la realización de su trabajo, situación que ya no es la primera vez que denuncian. “Un funcionario no puede estar toda la mañana para llevar una notificación a una zona rural. Hay mucho acumulado para poder hacerlo todo de una, y para eso se necesitan medios. Creemos que hay una infradotación de medios en Vigo en relación con otros partidos judiciales que además son capital de provincia”, defiende.
