Tapón, colapso, atasco, congestión... y dentro de poco juzgado civil pasará a ser un sinónimo más de los vocablos anteriores. Si ya al cierre de 2021 se evidenciaba la elevada carga de trabajo que asumían los órganos de Primera Instancia de Vigo –superando los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, este arranque de año pronostica otro duro ejercicio para estos órganos, que en estas dos primeras semanas de 2022 ya registraron más de medio millar de demandas.
A esta cifra también hay que sumarse las ejecuciones procedentes del Registro Civil, competencia que han pasado a asumir estas salas tras la desjudicialización del primero. Un ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia 13 de Vigo se recibieron, desde el 2 de enero un total de 13 ejecuciones. “Tenemos una gran acumulación de pleitos, en lo que llevamos de 2022, que son un par de semanas, registramos ya 50 demandas; esto va a reparto, los demás juzgados tienen una carga similar”, explica la Letrada de la Administración de Justicia de este órgano civil. Sobre su mesa descansaban otra decena de demandas del día (por ayer) pendientes de incoar.
Es más, hay algunos de estos juzgados que todavía no han podido dar trámite o incoar las demandas presentadas este año. “Estamos todavía aceptando las últimas de 2021”, explica la letrada judicial de otro juzgado de Primer Instancia.
Detrás de esta elevada carga de trabajo se encuentran, principalmente dos tipos de asuntos. Por un lado, los monitorios o impagos de deudas. Instruidos principalmente por los fondos buitre, que compran pequeños paquetes de deudas para instar a su cobro, o también procedentes de empresas, firmas o incluso comunidades para recaudar estos adeudos.
Por otro lado están las ya conocidas como tarjetas ‘revolving’: un producto a priori atractivo porque es bastante fácil de conseguir y permite fraccionar o aplazar el pago de las compras a cambio de unos intereses desmesurados. Si bien muchos de estos pleitos ya no llegan a juicio al allanarse el banco o entidad crediticia (es decir, reconocen la usura o falta de transparencia), las demandas siguen entrando sin control.
Curiosamente, la primera sentencia de este 2022 en uno de estos juzgados civiles, el de Primera Instancia 4 de Vigo, es la estimación de la demanda de una usuaria y declarando nulo el contrato de la tarjeta por falta de transparencia e información precisa “sobre la auténtica carga económica del contrato”. Asistida por el letrado Miguel Freire, el juez ordena a Bankinter a reintegrar a la clienta todos los conceptos (principal, intereses, gastos, comisiones, seguro, etc.) que ha pagado de más desde que suscribió la tarjeta en 2015.
A este notable volumen de procedimientos se le suman también los litigios en materia de cláusulas suelo, tras la decisión del CGPJ de que el Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo dejase de asumir de forma exclusiva todas las demandas de esta naturaleza en la provincia. Desde enero, las salas civiles se han repartido una treintena de pleitos de cláusulas suelo, que no harán sino agravar el colapso en esta jurisdicción.
Fuentes del TSXG explicaron que esta pérdida de especialización fue tomada por el CGPJ al entender que “la carga de trabajo que viene asumiendo un único juzgado a nivel provincial, ni obtiene mejor respuesta ni es más eficiente en la utilización de los medios al servicio de la Administración de Justicia”.
Las reclamaciones aéreas, a Civil; los concursos de personas físicas vuelven a Mercantil
Además de asuntos de cláusulas suelo, está previsto que juzgados de Primera Instancia asuman también las reclamaciones en materia de transporte: demandas aéreas por retraso en vuelos, etc. Así se extrae del proyecto de Reforma de la Ley Concursal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre.
Esta modificación devolvería los procedimientos concursales de personas físicas (conocida como la Ley de Segunda Oportunidad) a las salas de lo Mercantil en detrimento de las demandas aéreas. El cambio no favorece a Civil: Vigo registro de éstas últimas 239 en 2020, frente a los 104 concursos de personas físicas.
