La subida del IPC se situó el pasado diciembre en el 6,7% interanual. Hay que remontarse a marzo de 1992, pocos meses antes de que diese comienzo la gran crisis del Sistema Monetario Europeo (que forzó varias devaluaciones de la peseta), para encontrar una tasa de la inflación anual tan elevada en España. La escalada de la inflación continuará este 2022, salvo giro de guion que alivie una situación asfixiante para muchas familias viguesas.
La vivienda, y en concreto el alquiler, ha sido el caballo de batalla de 2021 con una subida de precios progresiva que se mantendrán en 2022. Si el precio medio del alquiler de una vivienda de dos dormitorios oscila entre los 450 y 550 euros, en primavera podrá situarse en 600 o incluso superarlos.
“En el segundo semestre del año podremos andar perfectamente en esas cantidades. Los que tengan poder adquisitivo podrán pagar el incremento y los que no, tendrán que o negociar o barajar otras alternativas”
Una situación que según los expertos puede concitar la opción de compra, y se produzca así un trasvase de arrendatarios a potenciales compradores. “Es que en muchos casos el cliente va a pagar menos por la letra de una hipoteca que por un alquiler, y puede que ahora sí se plantee la compra”, remarca.
En la misma línea se manifiesta Rebeca Santamarina, de la Inmobiliaria Tu-Ksa, que después de experimentar una escalada de aumentos desde 2018, también confirma sus sospechas de un nuevo incremento en primavera.
“Ya ahora cuesta encontrar piso por debajo de los 500 euros”
“Ya ahora cuesta encontrar por debajo de los 500 euros, dentro de unos meses con el aumento de precios, la subida es casi asegurada”, destaca. En este sentido, Galicia cerró el año con más de 6.600 millones de euros de ahorro embalsado. Lo que significa que los ciudadanos han aprovechado la pandemia para guardar su dinero y reservarlo para futuras inversiones. Además, a esto hay que sumar el bajo tipo de interés con un Euribor congelado que fomenta unas condiciones “favorables para la compra”.
En Vigo, con un PXOM pendiente de aprobación y que adeuda la puesta en marcha de obra nueva –el concello prevé la construcción de 50.000 viviendas– junto con la subida del IPC, un crecimiento demográfico exponencial y una bolsa de aproximadamente 700 viviendas en alquiler –que atesora inmuebles en condiciones muy por debajo del precio que se publicitan o demasiado caras– hace que el 2022 sea un año difícil para alquilar. “La mayoría de las viviendas en alquiler ya ni llegan a publicitarse porque las inmobiliarias tienen ya también su paquete de inquilinos a la espera y en cuanto algún piso queda libre, ya no es anunciado, se le ofrece a la persona en cuestión. Viene un 2022 imposible para alquilar”, asegura Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).
“En algunos casos la vivienda en el centro está sobrepasando los 1.000 euros”
Por su parte, las agencias observan cómo los precios han ido subiendo durante los dos últimos años hasta alcanzar cifras estratosféricas. En la inmobiliaria Rosalía de Castro, donde gestionan viviendas de gama media y alta, la subida del IPC no les va afectar porque absorbe el incremento el precio del mismo alquiler. “En vivienda de alquiler nueva, dos dormitorios, podemos estar hablando de 750 a 900, o incluso más de 1.000 euros. Hay menos pisos de estas características y están muy demandados”, sostiene César Abrain, gerente.
Otro de los retos que el sector va a tener que afrontar es la futura aprobación de la nueva Ley de la Vivienda, prevista su aprobación para el primer trimestre de este año y que ha puesto en jaque a los gestores que intervienen en el mercado inmobiliario. Desde la patronal de las agencias, la futura normativa –pendiente de conocer los pormenores en detalle– les parece negativa “porque el intervencionismo en el libre mercado de la vivienda provocará un retraimiento de la oferta, que ya de por sí es poca, y así no van a conseguir bajar los precios” y que la solución pasa por “incentivar y bonificar a los propietarios con descuentos en el IBI o no declarando los beneficios en el IRPF, y no a penalizarlos” ante la incertidumbre que tienen ante la inseguridad jurídica tras una posible “ocupación o morosidad en sus inquilinos”.
