Los 20 votos en contra del equipo socialista de gobierno fueron más que suficientes para tumbar la moción presentada en conjunto por la oposición -siete votos a favor de PP, Marea de Vigo y BNG- que justificó la celebración de un pleno extraordinario en el Concello de Vigo para pedir explicaciones y reprobar al alcalde, Abel Caballero -que presidió la sesión-, y a la tenienta de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva -que siguió la sesión de forma telemática porque, en su agenda, tenía programado un acto poco después en Pontevedra- , tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que confirma la condena a 5 años y tres meses de cárcel al que fuera alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. por promover la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal con la finalidad de pagarle un salario a una cuñada de la presidenta provincial.
El concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, aseguró que la sesión fue convocada por "el silencio del Concello" ante el fallo judicial. "Es inaceptable en términos éticos y democráticos que, tras robar 108.000 euros para contratar a una familiar directa, la única respuesta sea una oportuna afonía del alcalde. Es indecente el silencio", denunció antes de destacar la necesidad de abrir una comisión de investigación que permita depurar responsabilidades políticas y poner en marcha medidas "para evitar que esto vuelva a pasar", como la creación de una oficina anticorrupción.
El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, criticó que "las mayorías absolutas no justifican que no se den explicaciones en el pleno". "Este grupo municipal siempre ha dicho que el sistema de provisión de jefaturas de servicio era una perla golosa para el grupo de gobierno, es algo que se extiende desde hace más de 30 años. Son transmisores de las necesidades políticas y no públicas. El silencio con el que pretenden pasar sobre estas cuestiones es absolutamente atronador, se desviaron más de 100.000 euros de dinero público", lamentó.
Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Marnotes, afeó al Concello su falta de voluntad para perseguir este asunto. "Debería ser el primer interesado, tenía que haberse personado en el juicio y exigir responsabilidades penales y la devolución del dinero. ¿Por qué siguen callándose? Tienen que explicar por qué durante cinco años se puede hacer un trabajo cobrando facturas falsas sin que nadie se entere de nada. ¿Qué integridad pública y moral tiene Carmela Silva? ¿Qué ejemplaridad pública tiene si permite que se malversen más de 100.000 euros de los vigueses y mira para otro lado cuando un funcionario del Concello estará en la cárcel cinco años por contratar a su cuñada?", manifestó.
El encargado de defender la posición de los socialistas fue su portavoz, Carlos López Font. Pidió a la oposición que respete las sentencias y anotó que, "en política, no vale todo". "La única verdad es que la señora Silva no ha sido citada a declarar, no figura en la sentencia y ni era concejala en ese momento. Dignidad, absolutamente toda la de Silva. Las acusaciones de corrupción son burdas mentiras según el informe del pleno. Su falsa intencionalidad acusatoria [la de la oposición] choca con la sentencia", apostilló.
Entre las propuestas llevadas a la cámara municipal por los siete concejales de la oposición, también aparecían crear una comisión especial de investigación que permita conocer en detalle lo sucedido en el caso de corrupción, que se depuren las responsabilidades políticas de las personas implicadas -aclarar si los condenados judicialmente actuaron por propia iniciativa o por excitación de terceras personas-, instar al gobierno local a que cree una oficina municipal anticorrupción para evitar que vuelvan a producirse casos similares, y pedir que se constituya, en un plazo máximo de 30 días, la Comisión Informativa de Vixilancia da Contratación do Concello de Vigo.
