30 de abril. Era una fecha que la familia Fernández-Cervera Neira vivía con emoción. La antesala del cumpleaños de Déborah, una joven con alma de artista, dinámica y deportista; la tercera de cuatro hermanos que residía junto a sus padres en Alcabre. Pero esto cambio en 2002, cuando alguien se cruzó con la joven cuando esta se dirigía a su casa después de correr por la playa de Samil junto a su prima Nuria. Eran las 20.45 horas. Y en esa zona se le perdió la pista. Hasta pasados diez días, cuando su cuerpo sin vida fue hallado en una cuneta de O Rosal, a más de 40 kilómetros de su domicilio, desnudo y cubierto por hojas de acacias en medio de pistas falsas, una escena ficticia creada para simular un móvil sexual.
Ahora, cuando restan cuatro meses para la prescripción (30 de abril de 2022), familia, allegados y grupos sociales organizan para este martes 28 de diciembre una concentración frente al Museo MARCO para demandar lo único que llevan años implorando: Justicia para Déborah en un caso criminal que podría estar afrontando sus últimas horas.
El cuándo y el cómo fueron interrogantes que la investigación y la voluntariedad de la familia pudieron despejar. Y es que el equipo legal que representa y trabaja con los Fernández-Cervera Neira pudieron certificar que no se trataba de una muerte súbita como durante años de sopesó, sino una muerte criminal por sofocación. La asfixiaron con un objeto blando. Bajo sus uñas (diligencia que se practicó a los 19 años de su muerte) se hallaron fibras de una manta “coincidentes” con la que pertenecía por aquel entonces a un conocido de la víctima y que para la policía responde a la pregunta del quién: su exnovio.
Así lo recogen los agentes del grupo de Homicidios de Madrid en su atestado de octubre de 2019, informe que motivó que el juzgado de Instrucción 2 de Tui reabriese la causa tras una década de archivo. En él, los agentes advierten a la magistrada que la antigua pareja de Déborah “ha mentido” e “incurrido en contracciones e imprecisiones” en sus declaraciones, llegando a la “convicción“ de que está “implicado“ tanto en la desaparición como en la muerte de la joven viguesa. Por todo ello, solicitan a la magistrada que se le cite en calidad de investigado.
Pero del mismo modo que el juzgado consideró valido el atestado para reabrir el caso, decidió desoír no sus sugerencias, sino sus conclusiones: A día de hoy, a falta tan solo cuatro meses para que el crimen de una joven de tan solo 22 años quede impune, la jueza no ha citado a este varón, ni como testigo, ya que vulneraría su derecho de defensa, ni tampoco como pide la policía como investigado.
Restan las pruebas de ADN
En su último órdago, los abogados plantearon en un escrito fechado el pasado 26 de noviembre, la necesidad de esta declaración en base a este atestado de 2019 o dar por finalizada la investigación con su archivo definitivo. En él aluden a múltiples indicios que se han descubierto gracias a las diligencias practicadas hasta el momento. Y resta uno que podría no dejar dudas, si es que todavía las hay, sobre la necesidad de esta comparecencia: el ADN. Esta misma semana, la magistrada pidió “con carácter urgente” al Instituto Criminológico de Madrid los resultados de los restos biológicos hallados bajo las uñas de Déborah tras la exhumación del cuerpo, ya que en su primera autopsia no fueron recogidos.
