Desde que el pasado febrero el antiguo edificio de la calle República Argentina con Arenal se derrumbara y posteriormente fuera demolido, Joaquín Abreu vive un auténtico infierno. "Vengo del médico por una crisis nerviosa y de ansiedad, me han derivado al psiquiatra", destaca. Y es que lleva casi un año sufriendo las consecuencias de un derribo que solo le ha dado dolores de cabeza, tanto a él como a la comunidad vecinal del número 7 de República Argentina, a quienes "agradece encarecidamente la colaboración". La fachada lateral de su casa está llena de boquetes provocados por las obras hasta el punto -pese a existir un muro de contención- de colarse el agua en su casa. "Está todo destrozado, tengo que estar con paraguas dentro de mi casa", insiste.
"Está todo destrozado, tengo que estar con paraguas dentro de mi casa"
El pasado viernes, una de las terrazas que quedaban adheridas a su casa, ha sido arrancada, provocando dos nuevos agujeros en la fachada. "Estoy cansado de recurrir a Urbanismo del Concello, de tramitar quejas a través del 010, y de llamar a la Policía Local. Llevo casi 20.000 euros gastados entre informes, abogados, notarios y procuradores. Parece que a nadie le interesa que esto se sepa. Tengo acceso parcial al proyecto de demolición y no se ha cumplido la normativa. Pero hay más documentación a la que todo el mundo tenemos acceso, que no me quieren proporcionar", agrega.
Con el objetivo de limpiar y proteger en la medida de lo posible la fachada, Joaquín solicitó licencia para pintarla y "adecentarla", y ahora se encuentra con que puede ser multado. "El arquitecto técnico del Concello, Juan Piñeiro, me dijo por WhatsApp que, si en 15 días no obtenía respuesta que podía seguir adelante con la obra, y de repente recibo una notificación del ayuntamiento rechazando el permiso. Me siento engañado y ya desconfío de todo", matiza.
Amenazas y 60.000 euros
Joaquín se ha visto obligado a poner todo en manos de una abogada "porque ya no puede más, son muchos meses, quieren conseguir que me vaya de mi propiedad legalmente adquirida" y manifiesta que ha recibido amenazas por parte de los operarios que trabajan en la obra. "Se ríen y se burlan en mi cara y me advierten que ande con cuidado a ver si un día voy a tener cualquier problema por ahí", abunda.
"Se ríen y se burlan en mi cara y me dicen que ande con cuidado a ver si un día voy a tener cualquier problema por ahí"
Las obras de demolición no comenzaron con buen pie. Los vecinos ya denunciaron en FARO el pasado octubre las irregularidades en las medidas de seguridad de la obra de derrumbe donde "las telas de sujeción estaban sueltas y eran inadecuadas provocando la caída de cascotes a la vía publica, las vallas están siempre tiradas y sin la protección adecuada y no existe el cartel obligatorio donde se refleje el número de licencia de obra o el nombre de la constructora a cargo del proyecto". Después de la denuncia pública en este periódico, las vallas han sido retiradas y la acera ha quedado liberada. Sin embargo, la pesadilla continúa para los afectados. La casa de Joaquín está situada entre la demolición y una casa abandonada -en muy mal estado de conservación-, propiedad de una de las constructoras del terreno derribado. "Mi casa les complica los planes que ellos tendrán para ese sitio y quieren que me vaya, una de las constructoras me ha ofrecido 60.000 euros, una cantidad casi insultante", señala.
En el caso de los vecinos de República Argentina 7, denuncian el abandono del sótano del su edificio -también propiedad de una de las constructoras que administran el terreno derribado- cuyas tuberías se obstruyen y causan muchos problemas de salubridad en el inmueble, cuyas tuberías "pasan por el sótano", y se sienten "impotentes", concluyen.
