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Bruselas alarga la incógnita de la AP-9: da dos meses más a España para defender su prórroga

El puente de Rande, uno de los puntos con mayor tráfico de la AP-9 Marta G. Brea

Los nubarrones que oscurecen el futuro de la AP-9 tardarán más de lo previsto en despejarse. Bruselas ha concedido a España dos meses extra para que justifique las prórrogas de la concesión de la autopista, decisiones que –en la práctica y si nada cambia– permitirán que Audasa pueda seguir cobrando peajes en el vial hasta 2048.

Transportes apunta “la complejidad” del caso, que cuestiona la legalidad de las ampliaciones de la concesión de la autopista hasta 2048 | De anularse el contrato, Audasa amenaza con una indemnización “milmillonaria”

A finales de septiembre la Comisión Europea (CE) se dirigió al Gobierno para cuestionar la legalidad de la ampliación que ha alargado el contrato hasta dentro de 27 años. La razón –esgrimían en su escrito los técnicos comunitarios– es que la prórroga de una concesión equivale “de facto” a otra nueva, con lo que exige una licitación previa. Junto con la advertencia a España, la CE daba al Gobierno un plazo de dos meses para que presentase alegaciones. Ahora, y dada la “complejidad” del caso, aseguran desde el Ministerio de Transportes, ha decidido duplicar ese margen. El Ejecutivo central gana dos meses extra para pergeñar sus alegaciones.

La cuestión a dirimir no es menor. Los aplazamientos de 1994 y 2000 ampliaron la concesión de la AP-9, respectivamente, hasta 2023 y 2048. En Europa hay al menos un precedente reseñado por la propia CE en su carta: la Società Autostrada Tirrenica P.A, en Italia.

“Al ampliar la duración de la concesión sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, [Italia] habría infringido la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública”, razona Bruselas. En el caso italiano ya hay de hecho una sentencia de diciembre de 2019 emitida por el Tribunal de Justicia. De hecho, en su escrito, la Comisión Europea lanza un aviso a navegantes: “Dos años después [...] parece que Italia aún no ha tomado medidas para garantizar la ejecución oportuna de la sentencia”.

A la espera de que el Ejecutivo mueva ficha, presente sus alegaciones y le CE las valore, Audasa –una de las grandes protagonistas del caso– ya ha movido ficha. En una emisión de obligaciones la concesionaria deslizó por escrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que si se anula su concesión exigirá una compensación “milmillonaria”: más de mil millones de euros. “Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público implicaría, en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada”, lanza la firma en una nota que se hizo pública solo dos semanas después del escrito de la CE.

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Si finalmente se llegará o no a ese punto es una clave que, por lo pronto, tardará en conocerse. “Debido a la complejidad del asunto, la CE ha concedido una prórroga de dos meses al Gobierno de España para presentar alegaciones a la resolución de Bruselas”, apuntaban ayer desde el departamento de Raquel Sánchez. A efectos prácticos, apostillan, la decisión de la CE se traduce en que el Ejecutivo central “está en plazo para presentar las correspondientes alegaciones”.

La primera comunicación de Bruselas se hizo pública hace dos meses, el 23 de septiembre, y desató un cruce de reproches entre partidos. “El Gobierno tendrá que motivar por qué se hizo esto, tanto estuviese gobernando el PSOE o el PP”, llegó a zanjar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

1-La legalidad de la prórroga hasta 2048

La Comisión Europea pone en entredicho la legalidad de que se haya prorrogado la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin una licitación previa.

2-La “complejidad” del caso y las alegaciones

En un inicio Bruselas dio a España dos meses para que presentase alegaciones. Dada la “complejidad” del caso ha decidido otorgarle otros dos.

3-La millonaria advertencia de Audasa

En una comunicación a la CNMV, Audasa ha deslizado que, si se anula la concesión, podría exigir más de mil millones de compensación.

Otro de los protagonistas del caso es la asociación de consumidores En-Colectivo, que activó el engranaje comunitario hace casi dos años al presentar una denuncia que aspira a la derogación de las prórrogas de la concesión. Hace solo unos días su presidente, Diego Maraña, denunciaba que “los gallegos llevamos años asumiendo los costes de utilizar una autopista que lleva amortizada desde 2013 y que debería ser gratuita, tal y como ocurre en otras comunidades”.

En-Colectivo reclama al Gobierno con más de 3.200 firmas que “asuma la ilegalidad”

El responsable de la plataforma iba más allá y reclamaba al Ejecutivo que, “en lugar de intentar justificar lo injustificable ante Bruselas, asuma los errores cometidos y actúe en consecuencia, anulando la concesión y dando los pasos necesarios para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita lo antes posible”.

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Precisamente con ese propósito, En-Colectivo envió hace días al Gobierno más de 3.200 firmas para que “reconozca” ante la Comisión “que se ha producido un incumplimiento del derecho”.

Extender el pacto perjudicó a usuarios y administración

La de la Comisión Europea (CE) no es la única voz que a lo largo de los últimos meses ha cuestionado la legalidad o, al menos, la conveniencia de las prórrogas de la concesión de la Autopista del Atlántico. En un informe contundente y demoledor divulgado a principios de octubre y en el que censura la opacidad de Audasa y el Gobierno central, la Comisión Galega da Competencia (CGC) concluye que las sucesivas ampliaciones de la AP-9 han perjudicado tanto a la administración como a los propios usuarios. “No pueden ser bien valoradas”, concluye.

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