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Los jueces ya aplazan desahucios hasta dentro de cuatro meses por la vulnerabilidad de las familias

Los jueces ya aplazan desahucios hasta dentro de cuatro meses por la vulnerabilidad de las familias

El 31 de octubre estaba marcado en el calendario de muchas familias. ¿El motivo? Era la fecha que el Gobierno había fijado como plazo máximo para la prohibición de los desahucios de familias especialmente vulnerables que viven de alquiler por impagos bien de la renta, bien de la hipoteca a consecuencia de la crisis económica que provocó el COVID en base a una moratoria recogida en el Real Decreto Ley 8/2021.

Nueva prórroga

El todavía persistente escenario de crisis sanitaria y económica ha motivado una nueva prórroga en los plazos, fijada ahora para el 28 de febrero. Esta condonación acaba de ser aprobada hace escasos días, pero los Juzgados de Primera Instancia de Vigo ya se han acogido a ella. Tanto que han trasladado al Servicio Común de Notificaciones y Embargos –emplazado en el Casco Vello y competente para la ejecución de los desalojos forzosos– la prohibición de señalar varios desahucios hasta dentro de cuatro meses.

Especial vulnerabilidad

Se trata de casos excepcionales, por la extrema precariedad de los inquilinos, en los que el desalojo está paralizado desde hace meses y así seguirá hasta que concluya la prórroga dictada por el Estado. “No se trata de un plazo automático para todos los lanzamientos que nos derivan desde los juzgados civiles, sino en aquellos casos con unas circunstancias especiales: que se trate de hogares o familias que tengan personas dependientes a su cargo, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad, o casos en los que desde Servicios Sociales están en busca de una alternativa habitacional”, desgrana Fernando Varela, letrado de la Administración de Justicia de este órgano.

Servicios Sociales

Generalmente, y cada vez con más frecuencia, la intervención de los Servicios Sociales juega un papel fundamental en estos procedimientos. Y es que, según precisa Varela, estas unidades actúan en la mitad de los procedimientos, concediendo a las familias plazos de un mes para la búsqueda de una alternativa para evitar la pérdida de la vivienda. “Cada vez son más habituales la suspensión de los desahucios por esta cuestión; hay un empeoramiento generalizado de las circunstancias personales de muchas familias”, amplía el letrado judicial.

Desde diversos colectivos sociales como es la asociación viguesa Os Ninguéns llevan años reclamando un parque de viviendas para dotar de una alternativa rápida a estas familias.

Alquiler frente a hipoteca

En cuanto a los impagos, el alquiler sigue imponiéndose a las mensualidades hipotecarias siendo solo actualmente dos las señaladas por este órgano frente al centenar de desahucios por impago de arrendamiento. Ambas se tratan de viviendas deshabitadas, siendo frecuente encontrarse locales o bajos comerciales tras el cierre de negocios.

Falta de medios

Junto a esta competencia, el Servicio Común también se encarga de las notificaciones de embargo tanto en Vigo como al resto de municipios del partido judicial o incluso fuera de la comunidad. Desde hace años vienen aquejándose por la falta de vehículos para realizar estos traslados, ya que tienen que hacerse presencialmente. Desde entonces cuentan con dos vehículos para tal fin, al que se le sumará ahora un tercero aliviando la demora que había actualmente en estos procedimientos.

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