El Tribunal Supremo, el pasado mes de julio, puso fin a más de cuatro años de litigio entre el Concello de Vigo, la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo y el Servicio Galego de Saúde (Sergas) por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles del complejo de Beade. Respalda a la Administración local en el cobro de casi un millón de euros –970.000– por este concepto desde 2019 a la unión temporal de empresas. Pero esta no está dispuesta a asumir este coste. En varios escritos ya había advertido a la Consellería de Sanidade que se lo reclamaría. Ha iniciado dos vías para conseguirlo. Una de ellas pasa por cambiar el registro del Catastro para que figure que solo tiene la concesión de los servicios no clínicos.
Por el contrato formalizado con el Sergas en 2011, la concesionaria se encargaba de redactar el proyecto técnico, recabar la financiación, construir el Álvaro Cunqueiro, dotarlo de material y mantenerlo, a cambio de un canon anual por las obras, la concesión de los servicios no clínicos –no solo de Beade, sino también del resto del Chuvi– y la explotación de la cafetería, el aparcamiento, la guardería, servicios multimedia, máquinas vending y otras explotaciones comerciales. No es hasta el final de la concesión –20 años que concluyen en 2035–, que debe revertir las totalidad de las instalaciones al Sergas.
Según fuentes de la Consellería de Sanidade, lo que pretende la sociedad empresarial con esta maniobra en la Dirección General del Catastro es que figure que solo tiene la concesión de los servicios no clínicos, de manera que la Administración sanitaria deba asumir el grueso del pago.
Segunda vía: reequilibrio de la concesión
No es la única vía por la que la concesionaria trata de librarse del coste del abono de este impuesto municipal. También ha reclamado a la Consellería de Sanidade el reequilibrio de la concesión por este gasto. La concesionaria ha defendido en las memorias de sus dos últimas cuentas anuales que la exención de este impuesto “se considera un elemento contractual que se tuvo en cuenta” cuando realizó su oferta.
El Concello de Vigo ha tratado de girarle el IBI a la concesionaria del hospital desde 2016. Esa primera liquidación fue ratificada por el Tribunal Económico Administrativo del Concello en mayo de 2017. Sin embargo, en 2018, el juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo le dio la razón a la concesionaria y mantuvo la exención de este recibo para el Álvaro Cunqueiro. El fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El Gobierno local optó entonces por modificar la ordenanza municipal para eliminar esta exención y dejarla solo para centros de Atención Primaria públicos y en los que el Sergas sea sujeto pasivo del impuesto. Tras ello, giró a la concesionaria las liquidaciones del IBI de 2019 y 2020.
No solo la empresa recurrió sin éxito la modificación de la ordenanza en los tribunales. También lo hizo el Sergas. La sociedad la había advertido que “de confirmarse la procedencia de las liquidaciones del IBI, dada la actual redacción de la ordenanza, se reclamará al Sergas que sea éste quien asuma el pago, en la medida en que el pago del IBI se considera un elemento contractual que se tuvo en cuenta en el momento en el que la concesionaria realizó su oferta”.
Así, la guerra con el Concello por este impuesto se traslada ahora a la relación entre la concesionaria y el Sergas, que ya se han visto las caras en los tribunales en numerosas ocasiones.
