Audasa, la concesionaria de la AP-9, contraataca ante el dictamen de la Comisión Europea que ha declarado ilegal su prórroga hasta 2048 por no abrirse un proceso de licitación al que concurriesen varias empresas. Así, la compañía ha aprovechado la emisión de obligaciones del mes de noviembre para exponer a la Comisión del Mercado Nacional de Valores (CNMV) que, en caso de que se anulase dicha ampliación del contrato, debería ser indemnizada con un importe superior a su deuda actual.

"Si el TJ apreciara mediante sentencia meramente declarativa que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE, sus autoridades nacionales podrán adoptar o no aquellas medidas que considerasen adecuadas para ajustarse a la sentencia del TJ. Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a AUDASA y por razones de interés público (como consecuencia o no de la adopción de dichas medidas) implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de AUDASA a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de AUDASA sería significativamente superior al importe actual de su deuda", advierte la concesionaria de la AP-9.

En el mismo documento, la concesionaria cifra esa cantidad, a fecha de 31 de diciembre de 2020, en 1.065 millones de euros. Pero este no sería el montante tope de su reclamación, sino que este sería "significativamente superior". Tanto que podría incrementarse varios cientos de miles de euros habida cuenta del valor de la infraestructura así como las inversiones que la compañía amortizaría con la explotación de la AP-9. En los últimos años la concesionaria llevó acabo potentes obras no exentas de polémica por los atascos y las molestias, como la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Audasa cifra el inmovilizado intangible de la sociedad en 1.534,5 millones de euros.

Prórroga ilegal

La denuncia partió de la asociación viguesa En Colectivo, que nació para canalizar las denuncias de los usuarios afectados por el cobro presuntamente indebido de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande por parte de la empresa Audasa. Casi dos años después, la Comisión Europea le ha comunicado al Gobierno español que la extensión del servicio se rubricó sin ningún procedimiento de licitación con varias empresas concurrentes. Esta declaración supuso el respaldo al colectivo de afectados, que buscaban un fallo de la UE que conllevase a la gratuidad de la AP-9 para todos sus usuarios.