La Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral ha denunciado que un juzgado de Vigo ordena a cuatro empresas del polígono de O Gorxal a entregar sus instalaciones y terrenos a la comunidad de montes "pese a estar registradas".

A través de un comunicado, la citada asociación critica que el juzgado de primera instancia número 10 de Vigo acaba de ordenar a cuatro empresas situadas en el polígono vigués de O Gorxal a entregar sus instalaciones y terrenos a la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Santa Marina de Cabral. Todo ello -aseguran- "a pesar de que dichas empresas poseen documentos que justifican la compraventa de las propiedades desde antes de 1920, con sus correspondientes inscripciones en el Registro de la Propiedad, tanto de las adquisiciones como de las préstamos hipotecarios".

Según la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral, el juzgado ha basado su decisión en varios documentos del siglo XIX entre los que se encuentran el Catastro del Marqués de la Ensenada, una clasificación de 1847 o el deslinde del Monte Gorxal por parte de la Administración Forestal en 1891.

 6.500 metros cuadrados en litigio

Según los abogados que representan a las empresas afectadas, el solar en litigio, de 6.500 metros cuadrados, que cuenta como titulares a las cuatro empresas, “no está clasificado como monte vecinal en mano común sino como suelo urbano de uso industrial y no se ha acreditado el aprovechamiento comunal consuetudinario”. Por ello, los tres despachos de abogados que representan a estas cuatro empresas recurrirán el fallo a la Audiencia Provincial de Pontevedra al entender que “los títulos que presentamos provienen de sucesivas transmisiones, centenarias ya, entre personas privadas e incluso, algunas de ellas, de subastas judiciales”.

Critican además que esta no es la primera resolución de estas características en relación a terrenos de particulares y empresas en la zona de Cabral. "Con anterioridad, este mismo juzgado tomó el mismo fallo en relación a una finca particular situada en Lodoso (Cotogrande), también reclamada por la Comunidad de Montes en Mano Común de Santa Marina de Cabral alegando posesión inmemorial del monte. En este caso los demandados presentaron herencias donde figuraba la finca referida. Y el juzgado de primera instancia número 9 resolvió lo mismo en relación a la finca de otro particular situada también en esta zona de Cotogrande, muy próxima al Ifevi", anotan.

 Desde 2019, los vecinos de Peinador, Gorxal y Becerreira han constituido una Asociación para defender sus derechos. La Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral, AVEECA, reúne a un centenar de afectados que, en algunos casos, adquirieron sus terrenos, o bien a través de una permuta al Ayuntamiento de Vigo, o bien por una compraventa a un particular y, en algún caso, a través de pública subasta, sin que en ningún caso los vendedores o las oficinas registrales, catastrales les hayan advertido que aquellos terrenos eran monte vecinal en mano común.

 En varias ocasiones, denuncian desde la citada asociación, "miembros de la Comunidad de de Montes de Cabral han entrado en fincas sin el permiso de sus propietarios para proceder a trabajos de desbroce o talado". Estas ocupaciones -añaden- se saldaron con la intervención de la policía nacional que tuvo que intervenir y ordenar a los comuneros que abandonasen las propiedades. El juzgado de primera instancia número 11 de Vigo ordenó en uno de estos casos que los comuneros se abstuviesen a realizar cualquier acto de posesión sobre la finca así como de inquietar o perturbar de cualquier forma a los demandantes de su posesión.

 Desde AVEECA muestran su preocupación porque estas sentencias abran la puerta a más demandas colocando a los propietarios, tanto empresas como particulares, de esta parroquia en una situación de inestabilidad e inseguridad a la propiedad privada. La Asociación de Empresarios de Mos, AEMOS, a la que pertenecen algunos de las empresas afectadas, subraya, además, que esta situación paraliza la inversión y afecta directamente a los puestos de trabajo que suman entre las empresas implicadas más de 300 trabajadores.