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El disparado precio del alquiler aflora un mercado negro de pisos compartidos en Vigo

En la ciudad solo quedan medio centenar de viviendas por debajo de los 400 euros FdV

Tan solo medio centenar. Es la cifra de viviendas en alquiler disponibles por un máximo de 400 euros al mes que hay actualmente en Vigo. Supone poco más de un 7% sobre el total de alojamientos que engordan el circuito de comercialización en arrendamiento: unos 700, cuyo precio medio se sitúa en 9 euros el metro cuadrado, un 1,8% más en la comparativa con el mes de octubre de 2020. La pandemia no ha provocado por tanto una desescalada de las rentas mensuales, como en un principio se preveía, sino que el ascenso en los alquileres parece no tener fin. Y en barrios como el Casco Vello está completamente disparado, llegando en la actualidad a los 9,71 euros por m2. Esto está provocando que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes.

Inquilinos subarrendan habitaciones para poder pagar la abultada renta mensual | Esta práctica suele estar prohibida por contrato, por lo que los propietarios que la descubren proceden inmediatamente al desalojo

Pero los efectos colaterales de los prohibitivos precios de los alquileres van más allá. Entre ellos destaca un afloramiento cada vez mayor de lo que se puede denominar como un mercado negro de pisos compartidos.

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Es decir, un propietario arrienda una vivienda a un inquilino y éste, para conseguir una “ayuda” para el pago de la renta mensual e incluso en ocasiones para lograr algún beneficio, subarrienda habitaciones a otras personas, que le pagan en dinero negro el coste de la habitación al carecer de contrato. Esta práctica, precisamente, suele estar prohibida por prácticamente todos los propietarios, que incluyen en el contrato de alquiler inicial una cláusula que especifica que no está permitido el subarriendo de habitaciones. Pero lo cierto es que cada vez este tipo de situaciones es cada vez más común.

Fe de ello da Marcos González (nombre ficticio pues la persona no quiere que trascienda su identidad), que es dueño de varios pisos en la zona de As Travesas y también en el entorno de Plaza de España. En las últimas semanas algunos conocidos, vecinos incluidos, le informaron que en varias de esas viviendas estaban residiendo personas “que no deberían”. Es decir, falsos arrendatarios que le estaban pagando al inquilino una cantidad mensual por usar una de las habitaciones. Cuando Marcos se percató de lo que estaba sucediendo, inmediatamente comenzó un proceso de desalojo contra los inquilinos que estaban subalquilando varias zonas de la vivienda, pues precisamente en todos los contratos que firma indica que está prohibido hacerlo.

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Inmobiliarias y administradores de fincas son conscientes de que este mercado negro de pisos compartidos es una realidad y reconocen que es muy complicado detectarlos. Y es que este fenómeno se está destapando tanto en las zonas más caras como en los barrios donde la renta mensual es más moderada. Hay circunstancias que agudizan esta situación. Por ejemplo, los contratos obligan por lo general a una estancia de al menos seis meses en la vivienda. Es decir, si durante ese tiempo el inquilino se queda sin trabajo y se queda sin ingresos, tendrá que seguir haciendo frente al pago del alquiler. Y eso lleva en ocasiones a buscar soluciones desesperadas como subarrendar, aunque sea de forma ilegal, alguna de las habitaciones para poder afrontar los gastos del apartamento.

Okupas realquilan habitaciones de un edificio entero en el barrio de O Calvario

Y en este fenómeno, como no podía ser de otra forma, se dan situaciones que parecen surrealistas. Y es que, por ejemplo, hay un edificio de viviendas en el barrio de O Calvario, en plena calle peatonal, que hace ya tiempo que está asolado por okupas. Es más, los propios okupas han montado una especie de negocio según el cual arriendan alguno de los pisos de este inmueble a inquilinos interesados para sacarse algún beneficio. Obviamente, todo esto sin contrato, porque los propios okupas están residiendo allí de forma irregular.

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Hay que recordar que entidades benéficas tienen a su disposición pisos para aquellas personas que han sido desahuciadas o que lo están pasando mal. Concretamente, Cáritas dispone de un piso en Gran Vía, cedido por un particular, para alojar a personas sin recursos.

La pandemia trae consigo las cláusulas COVID en los contratos

La situación sanitaria que se vive desde la llegada del coronavirus ha traído consigo la inclusión de algunas cláusulas en la redacción de los contratos. Algunos propietarios e inquilinos están incluyendo las conocidas como cláusulas COVID, mediante las cuales ambas partes intentan proteger sus intereses en caso de que la situación sanitaria obligue al inquilino a desplazarse a su localidad de origen, teniendo que abandonar la ciudad en la que se encuentra la vivienda alquilada. Para ello, en el contrato de alquiler se especifican las condiciones de terminación y cuantías a pagar o modificaciones en el precio en tal caso. Este tipo de cláusulas COVID en los contratos de alquiler permiten, por tanto, una salida justa o la cancelación anticipada de contratos en casos de excepcionalidad como pueden ser la pandemia o la pérdida de capacidad económica para afrontar los pagos, como consecuencia de dicha situación excepcional. En cuanto a los requisitos para formalizar un contrato de alquiler, apenas ha habido variaciones: se exige nómina o prueba de ingresos mensuales, y en la mayoría de casos un seguro de impago.

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