La instrucción de una de las causas penales que más expectación levantó este año en los juzgados de Vigo encara su recta final. Y es que tras más de ocho meses al frente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO), los administradores judiciales asignados por el magistrado que dirige el caso hicieron entrega la semana pasada de su informe último sobre la situación de la institución y del resto de empresas intervenidas vinculadas al presidente del órgano pontevedrés Carlos Fernández y su familia, investigados por este procedimiento por la comisión de presuntos delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En este informe, al que ha tenido acceso FARO, los administradores destacan el “incumplimiento generalizado de los estatutos” con relación a la gestión económica tanto de “la actual Junta de Gobierno” como de las “anteriores”, por lo menos desde el año 2004. Así, destacan la falta de actas, la existencia de cheques al portador “sin control”, no se redactaban proyectos de presupuestos, un “deficitario” control de la contabilidad y la caja, compensaciones “aleatorias” a la Junta de Gobierno, realización de pagos de gastos del Colegio sin su aprobación en los presupuestos y, entre otras, se incumplía la ley de pagos realizando algunos en efectivo por cantidades superiores a las permitidas.
Uno de los múltiples conceptos que se desgranan a lo largo de los 167 folios del informe es como, desde el Colegio, “se han realizado pagos a Gestión Jurídica Galega en 2020 por importe de 14.786 euros sin haber recibido facturas de esta entidad”.
Así, los administradores también aprecian “irregularidades” en las propias cuentas colegiales y de las empresas vinculadas y que presuntamente prestarían servicios para el Colegio: Galaprint (dueña de las sedes colegiales y cuya propietaria es la propia hija de Carlos Fernández), Gestión Jurídica Gallega (GJG) e IGAF (Instituto Galego de Formación Sanitaria). Concretamente, los administradores explican que se tratan de sociedades holding, ya que estas sociedades están participadas a su vez por estas empresas.
Sobre las cuentas de las mismas, estas no se presentaron durante los años 2016, 2017 y 2018 hasta el verano de 2020. De las mismas se extrae que el Colegio le abonó, supuestamente, entre 2004 y 2020, 1,2 millones a Galaprint (a la empresa de la hija del presidente) por el alquiler de las sedes, mientras que GJG recibió 3,5 millones por sus servicios. A mayores, las facturas emitidas por el IGAF al COEPO por los cursos de formación “no se corresponden” con los trabajos realizados, sino para justificar “los traspasos entre ambas entidades”.
Simulación de servicios
Esta supuesta simulación en los servicios que el Colegio demandaba a las empresas vinculadas a la familia es recogida también por la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en su informe del pasado septiembre destacan como el Colegio contrató a las empresas de la familia Fernández Gayoso para que realizaran las “labores propias del mismo dando una serie de servicios a través de estas”.
Los agentes acogen también como “extraño” que la propia GJG pagara por sus servicios a una asesoría, cuando se supone que es precisamente su actividad, emergiendo la “sospecha” sobre la actividad real de esta sociedad.
Como conclusión, se revela que los “grandes beneficiarios” de las salidas de dinero del Colegio son las sociedades administradas por la familia investigada.
