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La concesionaria del Cunqueiro creó una lavandería al tumbar la Justicia su plan de llevar la ropa fuera

Reformó completamente las antiguas instalaciones del Meixoeiro para asumir la lencería de todo el Chuvi | Los beneficios de la sociedad cayeron en 2020 un 38%, hasta los 2,4 millones de euros

Ropa sucia acumulada en la lavandería del Meixoeiro (archivo)

Uno de los doce servicios no clínicos que gestiona la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo, en virtud de su contrato con el Sergas, es el de lavandería. El personal de la del Meixoeiro fue subrogado (ya queda poco) y tomó el mando de estas instalaciones. Pero le resultaban insuficientes para lavar la ropa de todo el complejo y empezó a enviar la mayoría de la ropa a una planta en Santiago. A principios de 2018 trasladó a la plantilla que cerraría la lavandería del Chuvi y externalizaría todo el servicio. Sanidade se negó y el conflicto acabó en los tribunales, que dieron la razón a la Xunta.

La concesionaria optó entonces, en plena pandemia –2020– por crear una nueva lavandería en las antiguas instalaciones. Ahora todo se lava allí.

Es uno de los conflictos con la Administración que aparecen reflejados en las cuentas de la concesionaria en 2020, en las que se observa una reducción del 38% de los beneficios con respecto al ejercicio anterior: logró 2,4 millones de euros frente a los 3,9 de 2019. El importe neto de la cifra de negocios bajó de 50,4 millones a 47,6, principalmente por el ingreso financiero del acuerdo de la concesión.

Entre las minoraciones de lo percibido por parte de la Administración están los 348.238 euros en sanciones por fallos en la disponibilidad y calidad de los servicios prestados por la concesionaria en el Chuvi. Son 954 euros al día. Las penalizaciones son algo mayores que en 2019 –332.369–, pero están lejos del máximo, que se alcanzó en 2018 con 714.264 euros.

Otro de los conflictos que mantiene abiertos con el Sergas es la reclamación de los costes de los primeros meses de actividad del Álvaro Cunqueiro. El nuevo hospital se estrenó a finales de junio de 2015, pero el acta de puesta funcionamiento, por la que se inicia la explotación de los servicios no clínicos durante 20 años, no se emitió hasta que concluyó el traslado, el 25 de septiembre de 2015. La concesionaria reclama los costes derivados del arranque de la nueva infraestructura antes del pago de la primera mensualidad del canon. El juicio se celebró a principios de diciembre.

Pero hay una decena más. También con el Concello de Vigo, por el IBI de los años 2019 y 2020 o las tasas por aprovechamiento especial de dominio público de la entrada de vehículos en los aparcamientos. Y con la Agencia Tributaria de Galicia.

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